Los vulnerables a la pandemia COVID-19

Por: Javier Herrera y Angelo Cozzubo

El Perú está fuertemente expuesto al choque negativo sobre la economía familiar de la actual pandemia dado su nivel de informalidad (19 % del PBI, 66 % del empleo urbano y 96 % del empleo rural). La informalidad, que a menudo ha sido considerada como colchón amortiguador de crisis, será en este caso un catalizador de ella pues la mayoría de trabajadores independientes dependen de sus ingresos diarios (taxistas), servicios (restaurantes, comercios) o microempresas. Igualmente, profesionales asalariados sin contrato enfrentarán una fuerte caída de ingresos.

Catorce días de cuarentena representa para los independientes una pérdida de la mitad de los ingresos mensuales; lo cual compromete su capacidad para afrontar gastos indispensables y afecta, en particular, a quienes ya eran pobres. En respuesta, el 16/03 el gobierno promulgó el DU-027-2020 de protección a los hogares vulnerables al COVID-19 que destina S/ 1170 millones a la asignación de un bono de S/ 380 a los 2,7 millones de hogares pobres que se encuentren en “ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria definidos por el Ministerio de Salud”.

El 22/03, el MEF anunció la extensión del bono a 500 mil trabajadores independientes en situación de pobreza y el 26/03 se extendió a 300 mil trabajadores asalariados informales (“sin contrato”) que “tengan un ingreso de menor a S/ 1500”. Esta compensación es un esfuerzo sin precedentes en política social peruana, al atender a un grupo poblacional que casi quintuplica la cantidad de usuarios del programa JUNTOS, el programa social más grande.

Como no se ha definido el criterio de “vulnerabilidad sanitaria” y tampoco se conoce cuáles son esos ámbitos geográficos “vulnerables”, queda la duda sobre quiénes recibirán el bono. Lo que se busca, en realidad, es contrarrestar el impacto económico directo de la cuarentena, ahora extendida por 13 días más, sobre el presupuesto de hogares urbanos; ya que el impacto en el área rural será probablemente marginal en la medida que el agro es la principal fuente de ingresos.

En respuesta, el MIDIS ha adaptado ágilmente su sistema de focalización basado en el Padrón General de Hogares (PGH) a fin de identificar hogares que recibirán el bono. El reto está en identificar a jefes de hogar independientes en áreas urbanas que aún no figuran en el padrón e incorporar la vulnerabilidad económica dentro de los criterios de focalización. Sabemos que habrá hogares que, pese a no calificar, recibirán el bono, pero el foco debe estar en evitar la exclusión de quienes sí lo merecen al actualizar el PGH.

Aunque el DU lo estipula, se confunde a hogares vulnerables con pobres. Los vulnerables, pese a que actualmente no son pobres, sí presentan un gran riesgo de volver a ser pobres ante choques de magnitud como el actual 1. Según nuestros estimados, en 2018 casi un tercio de la población urbana era vulnerable a la pobreza (ver gráfico).

¿Qué y cuántos hogares deberían recibir el bono? En primer lugar, los hogares urbanos en situación de pobreza que, en 2018, eran 680.676 (ver cuadro). A ellos debemos agregarles los hogares cuya principal fuente de ingreso es el trabajo independiente y que son vulnerables (798527) o no vulnerables (1,36 millones). En total entre pobres e independientes tenemos 2,8 millones de hogares, muy cerca a la meta inicial de 2,7 millones fijada por el MEF.

Además, la cuarentena afectará negativamente a los asalariados informales, quienes no cuentan con contrato ni beneficios. En la mitad de estos hogares, el ingreso de jefe asalariado informal no supera los S/ 1529, muy cerca de la canasta mínima de consumo de un hogar de 4 personas. Cabe recalcar que el monto de S/ 380, basado en la canasta alimentaria, no considera la mayor necesidad de hogares numerosos. Para el 2018, el 25% de hogares pobres no extremos contaba con más de 4 miembros.

Por consiguiente, los 436.142 hogares con jefes asalariados informales deberían igualmente recibir el bono y lo mismo planteamos para los 682.954 no vulnerables. Así, el total de hogares pobres, independientes y asalariados sin contrato asciende a 3,9 millones de hogares; cifra que se acerca a los 3,5 millones de familias anunciados por el presidente pero que muestra un error de exclusión por subsanar de 400 mil hogares. Estos son hogares asalariados sin contrato que, pese a que superan el umbral de los 1500 soles, nada les garantiza obtener un salario en un mes de cese laboral.

De repartirse la suma asignada para el bono (S/ 1170 millones) entre los potenciales 3,9 millones de beneficiarios, cada uno podría recibir S/ 295. O, lo que sería mejor, aumentar la suma asignada a S/ 1,506 millones para que todos reciban 380 soles.

Otro gran grupo de afectados son los 813 mil venezolanos, que en un 93,5% tienen empleos informales y de los cuales un 90% antes de la epidemia no tenía ingresos suficientes para comprar alimentos (según el ENPOVE-INEI). El apoyo de organismos internacionales permitiría atender a esta población en situación crítica.

La distribución de esta subvención pondrá a la luz deficiencias que se vienen arrastrando en la focalización de programas sociales, en la lucha contra la pobreza urbana y, en particular, la desactualización de la información usada para focalizar (el PGH) pese a los denodados esfuerzos del MIDIS. El Gobierno se encuentra ante un desafío sin precedentes y que agrega la necesidad de acción inmediata a los ya tradicionales problemas de la focalización de programas sociales. De no atenderse estos retos, los problemas sociales generados podrían comprometer las adecuadas medidas sanitarias tomadas hasta la fecha. Será también una oportunidad para sentar las bases de nuevas y mejoras políticas sociales.

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