Más de S/250 millones costaría ampliación del penal de Chiclayo

Leonardo Muñoz

Lambayeque. El establecimiento penitenciario de Chiclayo fue construido en 1987 para albergar a 1,143 internos; sin embargo, a la fecha la población alcanza los 4,640, lo que representa un incremento del 405%. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, estas cifras lo convierten en el segundo penal con mayor sobrepoblación del Perú.

Debido a este hacinamiento, la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, realizó ayer una visita de inspección en el mencionado recinto —ubicado en el distrito de Picsi— para constatar las condiciones en las que deben convivir los reos.

“Las personas privadas de su libertad se equivocaron y cometieron un delito, pero son personas que tienen derecho a la resocialización. En un penal hacinado no se pueden hacer estas labores”, sostuvo.

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Incluso, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), unos 384 reclusos de los diferentes pabellones tienen tuberculosis —una enfermedad bacteriana altamente contagiosa—, pero el recinto no cuenta con personal médico suficiente.

Frente a este panorama, la ministra se reunió ayer con el gobernador regional Anselmo Lozano Centurión, y el alcalde de Picsi, Carlos Sánchez Medina, para pedirles que impulsen una mesa de diálogo con la población, a fin de obtener la licencia social que luego permita la ampliación del establecimiento penitenciario.

En ese sentido, Revilla informó que este proyecto valorizado en más de S/250 millones busca la construcción de unas 2,500 unidades de albergue (celdas) en un plazo aproximado de dos años.

“Hemos pedido que conversen con los dirigentes de la localidad, porque la construcción del penal va a ofrecer puestos de trabajo para la gente de la zona. En el primer año se invertirán S/350 mil para el estudio de inversión”, detalló la titular de Justicia.

¿Licencia social?

Al término de la reunión, el burgomaestre Carlos Sánchez indicó que al menos el 70% de la población de Picsi se opone a la ampliación del recinto penitenciario, debido al riesgo social que representa.

“Lo que el pueblo cuestiona es que los servicios de agua y desagüe (del penal) estén anexados a nuestro sistema, por lo que no alcanza para abastecer a nuestra población. (Además) la contaminación, el riesgo de contagio de enfermedades”, manifestó.

No obstante, la autoridad edil se comprometió a iniciar el diálogo con la población a través de una asamblea popular, donde “se respetará lo que decida la mayoría” con respecto a la licencia social.