Poder Judicial ordena a Lamsac suspender el cobro de peajes en Separadora Industrial
Concesionaria apelará a decisión judicial al considerar que “carece de fundamento técnico y legal”.
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Lamsac anunció que suspenderá el cobro de peajes en la Vía Evitamiento que da acceso a la avenida Separadora Industrial, después que un juzgado aceptó el habeas corpus presentado por la municipalidad de La Molina para el retiro de las casetas de la concesionaria por considerar que vulneran el libre tránsito de los vecinos del distrito.
La empresa indicó que acataran el mandato notificado este martes 31 por la Corte Superior de Justicia de Lima Este, pero que apelarán, debido a que consideran que la orden judicial tiene “argumentos que no compartimos” y “carece de fundamento técnico y legal”.
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“Se trata de una decisión que será apelada como corresponde. Esperamos que tal sentencia sea revertida en segunda instancia, de conformidad con los estándares legales aplicables al caso”, indicaron en un comunicado.
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Lamsac explicó que la plaza de peajes ubicada en la intersección de la Vía de Evitamiento con la avenida Separadora Industrial no la instalaron ellos, sino que les fue entregada en el 2013 como parte del contrato de concesión que firmaron.
Asimismo, indicaron que la presencia del peaje no representa ninguna afectación al libre tránsito, tal como lo plantea La Molina en el recurso que presentó, ya que los vecinos tiene rutas alternas para que puedan entrar y salir del distrito.
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“Lamsac utilizará los recursos legales e institucionales que correspondan para lograr el respeto de sus derechos como inversionista", finalizan en su pronunciamiento.
Hábeas Corpus
En setiembre, la municipalidad de La Molina presentó una demanda constitucional de habeas corpus contra la empresa Línea Amarilla S.A.C. (Lamsac) por los presuntos delitos de vulneración al derecho a al libertad de tránsito y al de igualdad.
El alcalde Álvaro Paz de la Barra indicó que su objetivo era lograr el retiro de la caseta de peajes administrado por Lamsac, dejar sin efecto el cobro y también el retiro de las oficinas de Emape.
El recurso fue admitido a trámite por el Segundo Juzgado Penal Permanente de La Molina y Cieneguilla y se ordenó iniciar una diligencia de inspección judicial para corroborar la supuesta violación de derechos constitucionales.
