Apenas un 30% de los casos de feminicidios obtuvo sentencia desde el 2012
Deficiencias en el sistema de justicia favorecen a los agresores. Por ejemplo, feminicida fue liberado e intentó a matar a otra mujer en San Juan de Lurigancho.
La República en GoogleAlarma porque las limitaciones que enfrenta el sistema de justicia está permitiendo la liberación de agresores de mujeres. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre los años 2012 y 2018, apenas un 30% de los casos identificados como feminicidio ha terminado en sentencias condenatorias.
Una dolorosa muestra de dicha situación es el caso de Ángel Pinedo Matamoros, quien salió en libertad en 2017, luego de que culminara el periodo de prisión preventiva que enfrentaba por el feminicidio de su expareja Karina Sinforoso, de 24 años, en Villa María del Triunfo.
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A pesar del anterior crimen de odio, esta semana volvió a agredir a Ana María Salazar Pérez, madre de dos niñas, con un arma blanca, en plena vía pública, en San Juan de Lurigancho.
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La Defensoría del Pueblo detectó que en el caso contra Pinedo Matamorros hubo fallas tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público.
El Poder Judicial no aprobó la ampliación de la prisión preventiva, pese que se cumplían los requisitos establecidos para que continuara recluido y no había motivos para darle libertad. Por su parte, el Ministerio Público no apeló esta decisión dentro del plazo legal.
El proceso inició el 02 de diciembre del 2017 y recién el 05 de noviembre de 2018 se concluyó la etapa de instrucción, es decir, un año después. Asimismo, casi dos meses después, recién se elevó el expediente a la Sala Penal de Lima Sur.
“Estas demoras excesivas permitieron la libertad del acusado, quien aprovechó esta condición para incurrir en un nuevo hecho de violencia: una tentativa de feminicidio en el distrito de San Juan de Lurigancho. Debido a esta situación, además de ofrecer seguimiento a este tipo de casos, la Defensoría del Pueblo presentará un informe jurídico con los estándares del marco jurídico nacional e internacional, para que sea tomado en cuenta en la investigación y sanción por parte del sistema de justicia”, informó la especialista de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, Diana Portal.
