Contratos de peajes podrían cancelarse pero a un alto costo
En 2020 y 2022. Procuraduría del Municipio de Lima analiza plazos en caso no haya acuerdo con concesionarios. Comuna asumiría pagos a acreedores e inversionistas.
Por Fernando Leyton
La Procuraduría Pública de la Municipalidad de Lima, al evaluar posibles soluciones al problema de los peajes, ha calculado que los contratos con Línea Amarilla y Rutas de Lima podrían quedar cancelados entre 2020 y 2022, siempre que la comuna tome la decisión y siga los canales legales adecuados.
Si la evaluación conjunta de los contratos no logra acuerdos hasta el 24 de julio, el municipio podría optar por dos alternativas: la “terminación anticipada” de las concesiones o solicitar que un tribunal arbitral declare su “nulidad”, explicó ayer la procuradora Mariela González a los regidores metropolitanos durante una sesión ordinaria de concejo.
En el caso de Rutas de Lima, la municipalidad ya ha presentado la demanda arbitral para exigir la nulidad del contrato. El proceso se desarrolla en un tribunal de Washington y las audiencias de presentación de pruebas se realizarán entre el 4 y el 8 de noviembre de este año.
De obtener un laudo “favorable”, la comuna metropolitana podría recibir una indemnización de S/ 130 millones como mínimo. Sin embargo, de todos modos tendría que pagar más de S/ 2.300 millones a los acreedores e inversionistas (el presupuesto municipal para este año es de S/ 1.969 millones).
Sobre Línea Amarilla, cuyo contrato se firmó en 2009, durante la gestión de Luis Castañeda, la solicitud de nulidad se podría presentar a más tardar en noviembre, mes en que vence el plazo máximo de 10 años contemplado en el Código Civil.
Si Lima elige ese camino y obtiene una decisión “favorable”, el contrato podría estar liquidado en noviembre del 2022, según la Procuraduría. La indemnización que recibiría el municipio sería de S/ 280 millones como mínimo, pero el pago de acreencias e inversiones superaría los S/ 3.980 millones.
El otro camino
A diferencia de la nulidad, que debe ser aprobada por un tribunal arbitral, la terminación del contrato es una decisión que la municipalidad puede aplicar de forma unilateral, pero el sustento no debe ser arbitrario ni sus efectos serán inmediatos.
Para dar por terminado los contratos, Lima tendría que demostrar una vulneración al interés público, que a su vez requiere probar supuestos como el desequilibrio económico-financiero, una inadecuada distribución de riesgos o mostrar indicios sólidos de corrupción.
En el caso de Línea Amarilla, Lima podría comunicar la decisión de terminar el contrato en agosto de este año. Y dado que la concesión establece un plazo de liquidación de 12 meses, la comuna recuperaría la administración de los peajes en agosto del 2020, previo pago de S/ 5.880 millones por acreencias.
El contrato de Rutas de Lima fija un plazo de liquidación de 180 días, es decir que la comuna asumiría la administración de peajes en febrero del 2020, tras pagar S/ 3.700 millones.
