Cuestionan cobro de bolsas de plástico por contradecir norma

El pastdecano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL), Lucio Asalde Vives, y el coordinador de la Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil de Lambayeque (Adoscil), Álvaro Mendoza Cortijo, cuestionaron la disposición que permite el cobro de S/0.10 por el uso de bolsas de plástico en los centros comerciales y servicios que paguen IGV como mercados, bodegas, supermercados y tiendas de retail, porque contradice el objetivo de la ley n.° 30884: reducir la contaminación en el medio ambiente.

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Si bien desde el 1 de agosto regirá el cobro obligatorio en todos los establecimientos, algunos centros comerciales en el norte, como Chiclayo y Trujillo, han empezado a cumplir el artículo 2 de la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Dicho cobro también se aplicará a los sorbetes del mismo material.

Sin diálogo

Álvaro Mendoza sostiene que el Ministerio del Ambiente (Minam) no cumplió con convocar a los representantes del sector público, del sector privado y la sociedad civil a la mesa técnica de trabajo para fijar las directrices de la ley.

“Hemos constatado que un supermercado ha empezado a cobrar por el uso de bolsas que antes eran gratuitas. Incluso promueven la venta de otro tipo de bolsas para obtener beneficios particulares. Esto afecta la economía de la sociedad civil , debido a que se condiciona a comprar un implemento para su propio uso”, señala.

Subraya que la disposición de crear un impuesto dirigido a las bolsas de plástico contradice el objetivo de no motivar el uso excesivo de bolsas plásticas que agravan y contaminan el medio ambiente.

“Hay una preocupación por el estado de los ríos, mares, bosques y áreas verdes. Sin embargo, la norma del plástico es inconsistente porque que no toma en cuenta el problema de medio ambiente que padecen la regiones. La mesa técnica tendría carácter descentralizado, pero no se cumplió, es decir se le dio la espalda a la sociedad civil”, añade.

De acuerdo a cifras del Minam, un ciudadano en promedio usa al año aproximadamente 30 kilos de plástico.

“De esa cifra (30 kilos) más del 50% corresponde a uso de bolsas de plástico. El problema es la falta de concientización para no usar este elemento, y en eso no contribuyen las empresas privadas, y el Estado promueve ley sin considerar la realidad del problema”, afirma.

Desonocen realidad

Lucio Asalde Vives, ingeniero especialista en temas de medio ambiente, asegura que la ley que regula el plástico debió contar con la opinión técnica de los colegios profesionales y la sociedad civil, debido a que es una oportunidad para generar estilos de vida más sostenibles y conocer el impacto de la reducción del plástico en las ciudades.

“La ley ya es un buen síntoma de compromiso con la conservación ambiental, pero se está hablando más del cobro por consumo de bolsas (de plástico)”, comenta.

Asalde precisa que la mesa de trabajo que anunció el Minam hubiese sido importante para que municipios y gobiernos regionales informen sobre los dispositivos que tienen para tratar los residuos sólidos.

“En Chiclayo no existe planta de transferencia de residuos y relleno sanitario. Entonces, la norma ayuda a que la población acceda a menos plástico y produzca menos desperdicios. Esto facilita el trabajo de los municipios y a contaminar menos, pero estamos ante una ley que requiere de un reglamento y que fije bien su objetivos”, dice.