Denuncian que presunta mafia revive archicofradía y vende casonas en Lima

Se valieron de cuestionados documentos. La archicofradía Nuestra Señora del Rosario ha sido desconocida por el Arzobispado. Beneficencia la acusa de ofertar 8 predios bajo su administración, entre ellos el que ocupa la Asociación de Artistas Aficionados (AAA). Comprador dice que se cumplieron las normas.

Se valieron de cuestionados documentos. La archicofradía Nuestra Señora del Rosario ha sido desconocida por el Arzobispado. Beneficencia la acusa de ofertar 8 predios bajo su administración, entre ellos el que ocupa la Asociación de Artistas Aficionados (AAA). Comprador dice que se cumplieron las normas.

Ocho predios ubicados cerca de la Plaza de Armas de Lima, que por décadas han sido administrados por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM), han sido inscritos y ofertados, en los dos últimos años, por una cuestionada asociación civil y religiosa denominada Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario. Esta ha sido desconocida por el Arzobispado de Lima y ahora es sindicada por la misma Beneficencia como una “organización criminal”.

El representante legal de esta archicofradía y los compradores de los predios en cuestión han sido denunciados por los delitos contra la administración de justicia, contra la fe pública (por uso de documentos públicos falsos), fraude procesal y crimen organizado.

La Beneficencia de Lima acusa a dicha asociación de la supuesta venta de predios usurpando el poder de los dueños originales y reviviendo una organización de la época colonial. Esto, según denuncia, en presunta colusión con integrantes de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y del Poder Judicial, a los cuales responsabiliza de la modificación del estatuto (norma que regula su funcionamiento) para concretar las transacciones y la inscripción de los inmuebles.

Las cofradías y archicofradías son asociaciones de fieles cuyos bienes estaban destinados a realizar misas y ofrecer servicios a favor de los más necesitados. Estas congregaciones, que en el Perú datan del siglo XVI, se rigen por leyes canónicas y civiles.

Por eso, por ejemplo, sus estatutos tienen que ser revisados por la autoridad eclesiástica competente (como obispados o arzobispados), pero también deben contar con una inscripción en los registros públicos.

En la actualidad, las que se mantienen activas, son administradas por las beneficencias públicas de cada provincia, en cumplimiento de un decreto supremo de 1865 y una ley de 1889. Esta última, además, las obliga a cumplir las mandas originales (donaciones o promesas), así como obras piadosas vinculadas al sostenimiento de hospitales, asilos, etc.

La cultura en riesgo

Así, desde la aplicación de las mencionadas normas, las beneficencias comenzaron a utilizar estos predios, la mayoría de veces para alquilarlos. Los ingresos deberían estar destinados a fines de bien social.

Sin embargo, siglos después, aparecen organizaciones con la denominación de cofradías y archicofradías que han buscado, o logrado, la supuesta transferencia de estos bienes del Centro Histórico de Lima. Algunos son considerados Patrimonio Cultural.

Este es el caso del inmueble ocupado por la Asociación de Artistas Aficionados (AAA), una entidad sin fines de lucro por donde pasaron grandes artistas como Chabuca Granda, Ricardo Blume o el poeta Antonio Cisneros. Desde hace 75 años brinda servicios culturales en el número 323 del jirón Ica y a fines del año pasado fue vendido por la Archicofradía Nuestra Señora del Rosario.

La actriz Ximena Arroyo, representante de la AAA, recuerda que en diciembre pasado recibió la primera carta notarial de Richard Mubarak Rubio, el nuevo propietario del predio. Poco después, le enviaría invitaciones de conciliación, un ofrecimiento de venta y una demanda de desalojo. “Lo primero que hicimos fue acercarnos a la Beneficencia, con la cual hemos tratado todos estos años. Tenemos un convenio de ayuda mutua, en el que les damos una donación económica y servicios para sus centros de asistencia social”.

La Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, que tiene como primer mayordomo a Pedro Antonio Castillo Gonzales, vendió este inmueble de 890,40 metros cuadrados por 271.672 dólares (en 36 cuotas) a la sociedad conyugal conformada por Richard Mubarak Rubio y Elisa Azucena Álvarez Ponce de León de Mubarak.

Pero no sería el único. De los 19 inscritos a nombre de la archicofradía, 8 han sido transferidos: 5 (incluida la AAA) a la sociedad conyugal Mubarak-Álvarez Ponce, y otros 3 a la Empresa Comprotex S.R.L, cuyos representantes legales también son la misma sociedad.

Entre estos figuran los ocupados por la tienda de ropa La Fábrica (Jirón de la Unión, 432) o la pizzería Papa Johns (Jirón Ucayali 135). La Beneficencia manifiesta que algunos arrendatarios ya no los reconocen como administradores e incumplen con el pago de las rentas destinadas a entidades como el Puericultorio Pérez Araníbar. “Demandaremos su desalojo y una indemnización”, señala el gerente de asesoría legal de la referida entidad, Christian Fernández.

El principal acusado

A través de la inscripción en Sunarp de agosto del 2016, Pedro Antonio Castillo Gonzales figura como apoderado y se le faculta a realizar las ventas de las 19 propiedades “pudiendo pactar el precio, formas de pago, condiciones de compra-venta, cobrar el precio...”.

Según la Beneficencia, el 2005 Castillo Gonzales pretendió por primera vez reactivar dicha asociación, aunque el proceso fue observado. Sin embargo, 9 años después (2014), volvió a dar vigencia a la archicofradía al ingresar su supuesta asamblea a los registros públicos sin contar con el reconocimiento del Arzobispado ni de la Beneficencia.

“Lo han hecho en contubernio con funcionarios del PJ y registros públicos, quienes ha regularizado su ingreso (como cófrades), su representación y la modificación de estatutos. Estos señores no son nada, han festinado trámites. Nosotros detectamos una organización criminal”, asegura Fernández.

Por su parte, el Arzobispado de Lima desconoce al supuesto mayordomo Pedro Castillo. Asegura que la Archicofradía Nuestra Señora del Rosario (ANSR) se encuentra inactiva y que, por lo tanto, no tiene estatuto registrado.

La Sunarp, que también ha sido denunciada, precisó, a través de un correo electrónico, que la última vez que la Archicofradía modificó su estatuto fue en 1977, bajo la aprobación del Arzobispado, y que el resto de trámites respetaron las normas legales.

En relación al poder otorgado a Pedro Castillo (agosto del 2016), precisa que para esta inscripción se tomó en cuenta, entre otros puntos, que el acuerdo fue otorgado por la asamblea general y que en el estatuto no había ninguna limitación. “La responsabilidad civil y penal por la veracidad de dichos documentos recae en quienes los expiden. No es función del registrador hacer averiguaciones de esa naturaleza, debido a que la ley establece presunciones en favor de los administrados”.

Para la inscripción de los inmuebles, dice, se verificó que la ANSR tuviera dominio inscrito, que su representante esté facultado, que los documentos cumplan con formalidades y que no haya obstáculos en las partidas registrales.

Precisamente, el visto bueno de la Sunarp es el argumento con el que el comprador Richard Mubarak justifica la adquisición de los bienes. “Hemos comprado lícitamente todo. Nuestras operaciones son bancarizadas, inscritas en los registros públicos”.

El representante de Mubarak, Enrique Pacheco, también manifestó que la Beneficencia no es la propietaria, sino la Archicofradía. “Si una entidad del Estado como la Sunarp, que es especialista en compra y venta, dice que Pedro Castillo tiene el poder de vender, entonces eso ha sido inscrito”.

Este diario acudió al domicilio fiscal de la Archicofradía, ubicado en la Av. Luna Pizarro, urbanización Ingeniería, San Martín de Porres. Esta vivienda de 5 pisos también es el domicilio de Castillo Gonzales y el de uno de los siete miembros de la asociación. Una mujer señaló que Castillo no se encontraba y que la asociación funciona allí de manera temporal. También hizo referencia a un conflicto entre esta y el Convento de Santo Domingo desde el 2014.

Este convento también tiene una denuncia contra Castillo Gonzales, quien los apoyaba en varias actividades hace 4 años. Lo acusan de apropiarse de documentos, del nombre jurídico de Archicofradía Nuestra Señora del Rosario y hasta intentar vender un sector del convento. “Cuando les pedimos que rindan cuentas, dijeron que eran civiles y no religiosos”, señala el padre Luis Ramírez.

La Beneficencia ha interpuesto medidas cautelares que buscan declarar nulos los contratos de compra y venta. No obstante, mientras duren los procesos, los 19 predios a nombre de Nuestra Señora del Rosario, entre los que están el de la histórica AAA, así como los de otras asociaciones, tienen un futuro incierto.

Acusan a otras congregaciones de compras y ventas irregulares

- La Beneficencia ha interpuesto una demanda de nulidad de acto jurídico por la compra de un inmueble del jirón Puno, entre la supuesta cofradía San Eloy y la Asociación de Empresarios San Eloy. Señala que la primera fue reactivada tras 40 años de constitución; cambió estatutos y otorgó poderes a dos personas.

- Otro caso es la inscripción en registros públicos el 2016 de un inmueble de jirón Paruro, de propiedad de la Congregación de Seglares de Nuestra Señora de la O. Lo que llama la atención es que la compra venta se realizó en diciembre de 1974.

- Según la Sociedad de Beneficencia de Lima, hay grupos que se presentan como archicofradías ante el Congreso.

- Fernán Altuve, miembro del directorio de la SBLM, señala que “esa directiva delincuencial, similar a la de Orellana, puede vender más predios. El Poder Judicial debe acoger las demandas”.

Sociedad

 

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