Política

Poder Judicial suspendió la ilegal pensión de César Hinostroza

Respuesta tardía. Cinco años después, la ONP recién se percata que al exjuez supremo no le corresponde recibir una retribución del Estado por haber huido del Perú. Prófugo ha recibido cerca de 400.000 soles desde que escapó de la justicia en 2018.

Requerido. En junio se inició el procedimiento para requerir a Bélgica extradición del prófugo exjuez supremo para que enfrente en Perú el proceso por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: Brian Tejada/La República
Requerido. En junio se inició el procedimiento para requerir a Bélgica extradición del prófugo exjuez supremo para que enfrente en Perú el proceso por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: Brian Tejada/La República

El Poder Judicial suspendió la pensión que venía recibiendo el exjuez supremo César Hinostroza desde diciembre de 2018, dos meses después de que fuera destituido por el Congreso y huyera del Perú a pesar de la orden de impedimento de salida del país que pesaba sobre él.

A través de una solicitud de acceso a la información, La República accedió a los documentos que sustentaron la interrupción del pago. Entre estos se encuentra una resolución de la Dirección de Producción de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) de enero de este año.

En el referido documento, la dirección concluye que Hinostroza Pariachi se encuentra inmerso en una causal de suspensión establecida en el artículo 54 del Decreto Ley 20530. Esta es la de “salir del territorio nacional o permanecer fuera de él, estando requerido por Juez competente”.

Como se sabe, en octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 36 meses de prisión preventiva contra el defenestrado exmagistrado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Así las cosas, César Hinostroza está impedido de acceder a una pensión del Estado desde octubre de 2018. Pese a ello, ese mismo mes, la ONP autorizó el desembolso de una retribución mensual ascendente a 7.470 soles. Incluso, en 2022, la misma entidad aumentó a 8.300 soles el monto de la pensión.

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Despilfarro

Según el portal de Transparencia del Poder Judicial, la pensión a favor de César Hinostroza estuvo vigente desde octubre de 2018 hasta enero de este 2024.

Coincidentemente, la ONP verificó la legalidad de la pensión meses después de que Hildebrandt en sus trece dio a conocer que el Estado le pagaba puntualmente 8.300 soles al prófugo exjuez supremo.

Es así que, en enero de este año, la ONP identificó la irregularidad y ofició al Poder Judicial para que oficialice la interrupción del desembolso.

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El Área de Recursos Humanos del PJ,  efectivamente, decretó la suspensión del pago, pero —debido al cronograma— la pensión ya había sido depositado a la cuenta de Hinostroza.  El exjuez ya no recibe dinero del Estado desde febrero pasado.

 RR. HH. suspende pensión de César Hinostroza.

RR. HH. suspende pensión de César Hinostroza.

El exjuez supremo gozó de una pensión ilegal por más de 5 años. En total, según determinó La República en base a los datos disponibles en el portal de Transparencia del PJ, Hinostroza percibió indebidamente 397.724 soles. Se debe precisar que las planillas de pagos del año 2020 no están disponibles en dicho portal, por lo que el monto podría ser mayor.

Prisión preventiva

Desde la clandestinidad, César Hinostroza busca que se varíe el mandato de 36 meses de prisión preventiva que pesa en su contra.

Este recurso del exjuez ya había sido desestimado por el magistrado Juan Carlos Checkley. Sin embargo, la Sala Suprema Penal Permanente anuló dicha decisión y ordenó que se realice una nueva audiencia de cese de prisión preventiva.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó la audiencia para el lunes 14 de octubre. Hinostroza alega que no prevalecen los elementos que acarrearon la imposición de la medida en 2018.

A la espera de la extradición desde Bélgica

Decisión. En junio último, el juez Checkley aprobó que se solicite a Bélgica la detención con fines de extradición de César Hinostroza,

Retraso. La decisión de Checkley debe ser ratificada por la Sala Suprema Penal Permanente. Luego, el Gobierno debe emitir la resolución suprema para oficializar el pedido de extradición desde Bélgica.