Política

Poder Judicial podría crear un Sala ad hoc para los casos de Lava Jato en el Perú

Seguridad. Presidente de la Corte Superior Nacional, César Sahuanay señala que hoy sí hay condiciones para un tribunal a dedicación exclusiva, por la cantidad de casos para juicio. Además, pide al Ministerio del Interior dar protección a los jueces.

César Sahuanay Calsín, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal
César Romero C

En conferencia de prensa, el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, César Sahuanay Calsin, informó que actualmente sí hay condiciones para crear un Juzgado Penal Colegiado ad hoc para el caso Lava Jato, como lo había pedido la fiscalía el 2022. Ese año, el Poder Judicial rechazó ese pedido.

Precisó que hay 8 casos próximos a entrar en juicios y otros 10 procesos en etapa intermedia de control de acusación: Juan Carlos Cevallos, Félix Moreno por Costa Verde Callao, Susana Villarán, Interoceánica, Doleiros, Martín Vizcarra por Obrainsa e Iccsa, Pedro Pablo Kuczynski por Westfield, Irsa Sur tramo 2, Jorge Acurio por evitamiento Cusco y César Villanueva por los proyectos Sisa-Cuñumbuque y Sisa-Bellavista en San Martín.

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Casos en etapa de control de acusación, previo al juicio público

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De estos casos, ya se definió que el juicio al expresidente Martín Vizcarra estará a cargo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado, que debe decidir la fecha de inicio de las audiencias. El juicio del caso Cócteles, a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, está previsto para comenzar el 6 de julio próximo y el 22 de agosto le corresponderá al ex gobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito.

En tanto, existe el compromiso de los jueces de que este 2024 dictaran sentencia en los juicios al expresidentes Ollanta Humala por lavado de activos, que comenzó el 21 de febrero de 2022, y Alejandro Toledo por los sobornos de Odebrecht en los contratos de la Interoceánica Sur, que inició el 16 de octubre de 2023.

Sin embargo, todo depende de la dinámica de cada proceso y pueden presentarse situaciones imprevistas que requieran más audiencias. La sentencia puede ser condenatoria o absolutoria.

Lava Jato

Recordó que el año 2022 no se podía designar una sala ad hoc para los casos Lava Jato porque solo había tres casos en juicio, pero ahora hay ocho casos y otros 10 que llegarán a esa etapa en poco tiempo, con lo que hay una carga suficiente para un tribunal exclusivo.

Al respecto, explicó que los cuatro Juzgados Penales Colegiados en operatividad, actualmente, atienden una carga promedio de 7 a 15 juicios simultáneos. Ante esta situación, se ha propuesto al Consejo Ejecutivo convertir la Cuarta Sala Penal Liquidadora en un quinto Juzgado Penal Colegiado.

Sí se acepta esa sugerencia, a este nuevo Juzgado Penal Colegiado se le podría asignar en exclusiva ver los casos de Lava Jato en el Perú, con una cantidad de expedientes que estaría en el promedio general.

Para esto se necesitaría un nuevo pedido de la fiscalía o la procuraduria. Aunque reconoció que internamente también están evaluando la situación y la necesidad de crear un Juzgado Penal Colegiado en exclusividad.

Seguridad para los jueces

César Sahuanay pide protección para los jueces penales nacionales

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El presidente de la Corte Penal Nacional ofreció una conferencia de prensa en el marco de un Descargatón de expedientes que realizan los jueces de esta corte. En el Descargatón, los jueces trabajan las 24 horas del día para realizar audiencias o resolver pedidos de la fiscalía y los litigantes que estaban pendientes y que, por uno u otro motivo, no se podían resolver en los horarios normales.

César Sahuanay señaló que, a pesar de que los jueces de la Sala Penal Nacional ven los casos más complejos del país, lo que incluye organizaciones criminales altamente violentas, la Policía Nacional les ha retirado la seguridad. El mismo Sahuanay se quedó sin seguridad el jueves pasado.

"Hago una invocación al ministro del Interior para que reevalúe esta situación y otorgue protección a los jueces nacionales", subrayó el magistrado. Enfatizó que el riesgo de que los jueces reciban amenazas de estas organizaciones es muy alto y que se debe prevenir para evitar decisiones que puedan alterar el orden y la seguridad pública.

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