Poder Judicial: ¿cuál es la pena máxima por el delito de tráfico de influencias?
La entidad judicial detalló que la pena se agrava si el infractor es un funcionario.
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El Poder Judicial explicó a la ciudadanía que el delito de tráfico de influencias se puede castigar hasta con ocho años de prisión siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre las que destaca ser funcionario. Estos infractores podrían ser destituidos o inhabilitados de su cargo, según indicó el juez supremo Manuel Luján Túpez.
El magistrado detalló que este delito no distingue entre personas civiles o funcionarios, por lo que la pena mínima para ambos sería de cuatros años de prisión.
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"Este delito puede ser cometido por una persona de pie, pero es más grave si lo realiza un funcionario público, por lo cual su pena se incrementa mucho más. Además, puede ser destituido e inhabilitado para ejercer un cargo", precisó Luján.
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El juez supremo manifestó que en el caso de los funcionarios hay dos tipos de influencias: las reales o simuladas.
Respecto a las primera, consiste en que la persona posee la capacidad de influir en otro funcionario para que lo favorezca en un caso judicial o administrativo.
Por su parte, la influencia simulada no cuenta con ese poder para beneficiar; no obstante, usa la promesa para engañar a cambio de un favorecimiento pecuniario.
En ese sentido, es preciso mencionar que la ley contempla el tráfico de influencias propia e impropia.
"La propia es cuando la influencia se hace para actuar en contra de lo establecido a la ley, por ejemplo un funcionario promete con entregarle un nombramiento a otra persona pero este no cumple con todos los requisitos, en cambio la impropia es cuando el postulante si cumple con los requisitos para obtener el puesto de trabajo", agregó.
