La Junta Nacional de Justicia es objeto de hostigamiento

La escalada en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) continúa. El miércoles, la congresista de Avanza País Patricia Chirinos anunció la presentación de una moción de orden del día que buscará la remoción de la totalidad de sus miembros en atención al artículo 157 de la Constitución.

Se trata de una nueva amenaza en contra de esa entidad.

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Para Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, se trata de un caso que encaja en la figura de “hostigamiento institucional”.

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Dijo que es una situación en la cual una entidad pública –y sus funcionarios– reciben recurrentes amenazas, restricciones, limitaciones, descalificaciones y deslegitimación de su misión institucional y sus funciones básicas por parte de líderes y gestores públicos, ubicados en altas posiciones del Estado y que utilizan medios formales (normas, acciones legales, recursos administrativos) o informales (discursos), tanto directos como indirectos.

El resultado de este hostigamiento, añadió Lanegra, es “un debilitamiento o la neutralización del accionar de la entidad hostigada”, situación que favorece a los intereses de quienes son los hostigadores.

“Por ejemplo, miembros del Congreso pueden usar las vías que les ofrece la ley para fiscalizar como un mecanismo para presionar o amenazar, sin fundamento, a funcionarios de otra entidad. Cuando esto ocurre de forma sistemática (varios actores a la vez), el efecto es mayor. Lo que está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia encaja en esta figura”, advirtió.

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Lanegra recordó, además, que la JNJ tiene un “papel central” en la conformación del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Reniec y la ONPE y ha venido “mostrando bastante independencia en sus decisiones”.

“Si esto entra en conflicto con los intereses de entidades políticas con mucho poder, estas pueden reaccionar hostigando a la JNJ, buscando una conformación de sus integrantes más afín a sus intereses. Este tipo de conductas son muy habituales en los regímenes autoritarios y en los regímenes híbridos que permiten elecciones, pero bajo condiciones que favorecen al poder dominante”, advirtió.

La figura a la que quiere recurrir Chirinos no es sencilla, porque el mismo artículo al que la moción hace referencia establece que para la remoción se necesita una mayoría calificada, es decir, 87 votos. Antes de eso, la moción tendría que ser aceptada para su debate y, eventualmente, ser derivada a la Comisión de Justicia.

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“De la información que se desprende del mensaje de la congresista, esta moción para remover a la JNJ no tiene ni pies ni cabeza. Es un amedrentamiento político. Pienso que la JNJ puede haber cometido algunos errores, como exhortar al Congreso a que tome una decisión sobre un caso concreto, como el de Zoraida Ávalos, pero en ningún caso eso habilita una destitución de todo su Pleno que tiene cinco años de funciones, según mandato legal y además que es un órgano elegido de forma meritocrática por las más altas autoridades del Estado”, explicó por su parte el abogado constitucionalista Diego Pomareda.

Esta moción de Chirinos ha sido presentada una semana después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara en nombre del Ministerio Público una demanda competencial para anular dos investigaciones que se le siguen ante la JNJ. Expertos han señalado que esta, aparte de carecer de sustento constitucional, podría terminar alterando, todavía más, el desequilibrio de poderes. El Tribunal Constitucional ha dicho que se tomará unos cuatro meses en resolverla.

Investigación a Benavides prosigue

Una de las razones por las cuales la congresista Patricia Chirinos presentó su moción del orden del día en contra de la Junta Nacional de Justicia fue por la nota publicada en IDL-Reporteros en la que, de acuerdo con la versión de este portal periodístico, la exjueza Inés Tello ya había terminado una de las dos investigaciones que tiene a su cargo sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

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Ayer, la JNJ, a través de su cuenta de Twitter, señaló que la información ”no es exacta” porque estaban “pendientes de atenderse diversas actuaciones procesales”.