Patricia Chirinos denuncia constitucionalmente a miembros de la JNJ y pide que sean inhabilitados
Continúan las denuncias constitucionales contra miembros del aparato de justicia peruano. Esta vez, la legisladora no solo pide la inhabilitación por 10 años, sino también la destitución de los mismos.
Ahora van contra la Junta Nacional de Justicia. La congresista Patricia Chirinos presentó este domingo 9 de julio una denuncia constitucional en contra de tres de los miembros de dicho organismo que revisa la labor de los jueces y fiscales supremos. En su requerimiento, la legisladora de Avanza País pide la "destitución e inhabilitación por 10 años" de los magistrados, para lo cual se basa en una supuesta denuncia de presiones por parte de estos para que se emita un pronunciamiento en respaldo de Zoraida Ávalos tras su cuestionada inhabilitación.
Si bien esta denuncia no ha sido probada, la legisladora acusó a los magistrados Imelda Tumialán, María Zavala y Antonio de la Haza Barrantes de haber ejercido "lobbies políticos", pese a que previo a la votación de inhabilitación de Ávalos se pudo corroborar que quienes visitaron a congresistas fueron miembros de la Fiscalía de la Nación, entre ellos, el cuestionado Jaime Villanueva, asesor de confianza de Patricia Benavides.
En la denuncia, Chirinos acusa a los tres magistrados de haber cometido los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias, y aprovechamiento indebido del cargo; motivo por el que no solo pide su inhabilitación por un periodo de 10 años, sino también una destitución del puesto que ocupan en la actualidad.
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Una inhabilitación para quienes investigan a Patricia Benavides
Como se sabe, es la misma Junta Nacional de Justicia la que se encarga de revisar cualquier conducta sancionable en la que hayan incurrido fiscales y jueces supremos, como lo es la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien tiene sobre sí tres investigaciones por parte de esta institución.
A inicios de año, comenzó la tercera y más cuestionada investigación en contra de Benavides; por haber recibido una condecoración de manos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien se encuentra actualmente investigado por lavado de activos.
La condecoración fue televisada y la postura de la JNJ para investigar a la fiscal se basa en una presunta violación al artículo 39 de la ley orgánica del Ministerio Pública. En ella, todo fiscal, incluida Benavides, "tiene prohibido aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor".
