Alejandro Sánchez descarta entregarse a la justicia: "No he cometido ningún delito"
Dueño de la casa de Sarratea tiene un pedido de 30 meses de prisión preventiva vigente, por el cual se ofrece S/30.000 a quien brinde información que ayude a dar con su paradero.
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El prófugo dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, reapareció —tras meses en la clandestinidad— para reafirmar, en entrevista con Willax, que no se entregará a la justicia pese a la orden de 30 meses de prisión preventiva que dispuso el Poder Judicial en su contra como parte de las investigaciones que se le siguen, a nivel de Fiscalía, por el presunto delito de tráfico de influencias.
“Creo que fue una prisión preventiva arbitraria y eso lo puede explicar mi abogado, no con base en generalidades. (¿Se va a entregar?) No, porque yo no he cometido ningún delito. ¿Tengo yo algún acto delincuencial?”, declaró.
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En tanto, Alejandro Sánchez dio detalles sobre cómo viene financiando su estancia en la clandestinidad. Estaría siendo apoyado por un familiar que vive en el extranjero para solventar sus gastos.
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El propietario de la casa de Sarratea es investigado por la Fiscalía de la Nación por el supuesto delito de tráfico de influencias, en el ámbito de las indagaciones por la presunta organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo desde Palacio de Gobierno.
Tomás Gálvez asumen defensa de Alejandro Sánchez
En el marco de la audiencia de apelación presentada a favor de Alejandro Sánchez por el presunto delito organización criminal, reapareció el ex fiscal supremo Tomás Gálvez como abogado del dueño de la casa de Sarratea. Este último se encuentra en calidad de prófugo de la justicia. En efecto, evade el cumplimiento —por orden del Poder Judicial— de una prisión preventiva de 30 meses dictada en su contra en noviembre del 2022.
Tomás Gálvez participó de manera virtual en la audiencia a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional. Como se sabe, el ex fiscal supremo se mantuvo alejado de la vida pública y de procesos judiciales de personajes vinculados con la política peruana desde que fue destituido en el 2021 por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Él fue destituido por decisión del Pleno de la Junta Nacional de Justicia que, por unanimidad, determinó separarlo del cargo de fiscal supremo el último 23 de abril por cometer faltas muy graves en su desempeño y tener vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto.
