Alejandro Toledo: Gobierno de EE. UU. pide al juez Hixson dictar nueva orden de captura para extraditarlo

Luego de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazara la moción de reconsideración y suspensión, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, Ismail J. Ramsey, solicitó al juez Thomas H. Hixson, de la corte de dicha jurisdicción, dictar una nueva orden de detención contra el expresidente Alejandro Toledo. Ello con el objetivo de ejecutar la extradición aprobada por el Departamento de Estado en febrero de este año.

Como se recuerda, el 5 de abril, el magistrado Hixson ordenó a Toledo entregarse el viernes 7 de este mes. Sin embargo, se vio en la obligación de anular dicha decisión a raíz de que el Noveno Circuito, el jueves 6, paralizó la repatriación por 14 días. El tribunal estimó que en dicho plazo resolvería el recurso de reconsideración del exmandatario, lo que en efecto ocurrió.

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Este martes 18, los magistrados Michelle T. Friedland, Ryan D. Nelson y Kathleen Cardone, integrantes del Noveno Circuito, votaron en contra del pedido y se negaron a extender la suspensión de la extradición.

"Debido a que la orden del Noveno Circuito del 6 de abril de suspender la extradición expirará a la medianoche del 20 de abril de 2023, y debido a que entonces no habrá impedimentos legales para la extradición de Toledo a Perú, la Corte debe emitir de nuevo una orden de detención enviando a Toledo a la custodia de los Alguaciles de Estados Unidos de inmediato. Una vez que Toledo se encuentre bajo custodia, los Estados Unidos se encargarán de ejecutar su entrega a las autoridades peruanas de manera expedita, asumiendo que no existan impedimentos legales para ello", requiere el fiscal Ramsey.

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Es decir, desde el viernes 21, Hixson podrá ordenar la detención de Toledo, siempre y cuando la defensa del expresidente no consiga, de alguna manera u otra, dilatar nuevamente la extradición.

Toledo Manrique es requerido por la justicia peruana para que responda sobre las presuntas coimas de más de US$ 20 millones de la empresa Odebrecht, a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Por este hecho, la Fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos y colusión; y pide 20 años y 6 meses de prisión.