Elvia Barrios: presidenta del PJ advierte intención de interferir en la designación de salas

Ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la presidenta del Poder Judicial (PJ), Elvia Barrios, advirtió que hay una intención de personajes que actúan en la sombra, para interferir en la composición de los tribunales de la Corte Suprema para el año 2023, en que se resolverán diversos casos de alto interés político y mediático.

“En momentos en que hay que fortalecer la institucionalidad, dejo en vuestras manos la siguiente interrogante: ¿a quién beneficia esta falta de reserva, la filtración del informe del consejero instructor?, ¿qué finalidad tiene este proceso disciplinario que afecta a altos magistrados del PJ y el Ministerio Público?, ¿por qué se ha mediatizado?”, señaló Barrios, el lunes 14 de noviembre, ante la JNJ.

Ella misma respondió que la publicidad del proceso disciplinario y del pedido de destitución contra ella, dos jueces supremos y un fiscal titular se da en el contexto de la elección, el jueves 1° de diciembre del 2022, de un nuevo presidente del PJ para el periodo 2023-2024.

“El futuro presidente del PJ tiene la potestad de determinar la composición de las salas de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas las salas que resolverán los casos más mediáticos de nuestro país. Es evidente que quien filtró ese informe no lo hizo por un fin altruista, pues para eso tuvo que quebrar una regla, la de privacidad de los procedimientos preliminares de jueces y juezas”, enfatizó la magistrada.

Lava Jato

De acuerdo con fuentes de la Corte Suprema consultadas por La República, esta opinión es compartida por diversos jueces supremos. Uno de los temas que deben resolver los jueces de la Corte Suprema próximamente es el de definir si los aportes de campaña a los partidos políticos constituyen delito de lavado de activos.

La primera audiencia para ver este tema, a cargo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, debió realizarse el 2 de noviembre, pero se postergó hasta el 16 de noviembre por enfermedad de un juez supremo recién nombrado por la JNJ, y se volvió a postergar hasta el 24 de noviembre por enfermedad del fiscal que ve el caso.

Si la audiencia no se realiza entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre del 2022, el próximo año podría haber otros jueces en la Sala Penal Permanente, designados por el nuevo presidente del PJ, algo que es habitual y normal en cada gestión.

Justo en la víspera de esta trascendental audiencia, el fiscal superior Rafael Vela, a cargo del caso Lava Jato, cuestionó la idoneidad del juez San Martín para aclarar este asunto.

En simultáneo, se filtró a la prensa el informe reservado del consejero instructor de la JNJ, Guillermo Thornberry Villarán, que pide la destitución de Elvia Barrios, de los jueces supremos Javier Arévalo, principal candidato a próximo presidente del PJ, Ana María Aranda y del fiscal supremo Pedro Pablo Sánchez.

En los pasillos del Ministerio Público se comenta que una eventual destitución de Sánchez por la JNJ dejaría una plaza vacante en la fiscalías supremas, que permitiría el ascenso de un fiscal superior cercano a la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Dilema en la JNJ: cumplir o no cumplir sentencia del TC

Elvia Barrios y su abogada, Cecilia Ruiz Morales, recordaron a la JNJ que toda persona que vive al día del derecho conoce que el Tribunal Constitucional aclaró que la prohibición a los familiares cercanos de los altos funcionarios públicos prevista en la Ley 30225 solo se da en el ámbito donde trabaja el funcionario.

El informe de Guillermo Thornberry ignora totalmente la sentencia del TC al pedir la destitución de Elvia Barrios, Javier Arévalo, Ana María Aranda y Pablo Sánchez, porque sus familiares, hijos o esposos fueron contratados en el Jurado Nacional de Elecciones, ente ajeno al Poder Judicial.

Además, para dar sustento a su pedido, Thornberry señala que los magistrados supremos están en la obligación de denunciar a sus hijos, hijas, hermanos y cónyuges, si se enteran en el seno familiar de que alguno de ellos infringe una norma administrativa. Lo que colisiona con otras leyes.