Congreso desacata medida cautelar otorgada a la Junta Nacional de Justicia

Pese a que la Tercera Sala Constitucional suspendió provisionalmente los efectos de la imputación de cargos de la Comisión de Justicia del Congreso contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); por la noche, la Junta de Portavoces del Congreso, en un acto inconstitucional, decidió no acatar el fallo y continuar hoy con su intento de destitución.

Esta determinación siguió la línea expresada antes por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien señaló mediante un comunicado que el Congreso rechazaba el fallo judicial.

En la resolución, la sala dispuso “conceder en parte la medida cautelar solicitada” y “suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República les formulara a los demandantes Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Luz Inés Tello, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry”.

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También el Pleno de la JNJ emitió anoche un comunicado luego de conocerse la decisión de la Tercera Sala Constitucional: “En consecuencia, los miembros del Pleno de la JNJ acatarán la citada resolución en los términos que señala, ya que el respeto y el cumplimiento de las decisiones judiciales son una exigencia ineludible de un Estado de derecho”. No ejercerán su derecho a la defensa, acatando la decisión judicial.

La congresista Ruth Luque criticó a la mayoría parlamentaria, pues, comentó, insistirán hoy en debatir en el pleno el informe que plantea remoción de la JNJ. “Poco les importa que los miembros de la JNJ no ejerzan su derecho de defensa” acatando la suspensión judicial. “Tampoco se ha permitido que sustentemos informe en minoría”.

Ante la actitud del Congreso, la ciudadanía ha convocado para hoy a las 11:00 a.m. a un plantón nacional “contra el golpe congresal y en defensa de la JNJ”.

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“Amenaza al sistema democrático”

Mientras tanto, en un comunicado de prensa, Human Rights Watch (HRW) volvió a alertar sobre el peligro que supone este intento de captura institucional por parte del Legislativo.

HRW recordó que la JNJ es “una institución clave” para la imparcialidad e independencia de jueces, fiscales y autoridades electorales, como son los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Reniec. “Remover a sus miembros por medio de un proceso motivado por intereses políticos amenazaría los pilares del sistema democrático peruano y la protección de los derechos humanos. El Congreso debería votar en contra de remover a los miembros de la Junta”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. Además, HRW mencionó que “el ataque contra la JNJ” forma parte de “un patrón de acciones del Congreso para controlar las instituciones democráticas”.

Ejemplo de lo anterior es lo que ha ocurrido con la Defensoría del Pueblo. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional se ha convertido en un colegiado funcional a los intereses de un grupo del Parlamento.

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Procesos en peligro

La JNJ ha tratado por distintos medios de defenderse de los cargos que se le atribuyen y que tienen su origen en la moción de orden del día que presentó Patricia Chirinos (Avanza País). La defensa legal de los miembros de la junta en la Comisión de Justicia fue encabezada por el abogado Samuel Abad. Días después, la comisión elaboró un informe técnico que no encontraba causales de destitución. Esto disparó el enojo de los legisladores que, en horas, cambiaron el sentido del informe y votaron por una nueva versión “con cargo a redacción”. Es decir, votaron por algo que, en la práctica, no existía.

El informe a ser puesto a consideración del Pleno encontró “causa grave” en tres de los cinco cargos atribuidos a la JNJ: por el pronunciamiento sobre el caso de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos; por la interpretación del límite de edad máximo para integrar la Junta; y por la demora en la presentación de los informes anuales.

¿Qué ocurrirá si el Congreso finalmente consigue su propósito? La lista de posibles consecuencias es larga. Una de ellas es el control que un sector político podría tener sobre los organismos electorales y, por ende, sobre el proceso electoral. Otra consecuencia tiene que ver con el sistema mismo de administración de justicia.

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Critican golpe al Estado de derecho

El Dr. Walter Albán dice que insistencia del Congreso para remover a la JNJ, usando la sentencia 003-2022-TC, “es desacato flagrante al Estado de derecho” y sería aplicable el art. 46 de la Constitución. “A los únicos que compete la interpretación formal de leyes, según la Constitución 93, es al poder jurisdiccional, PJ, TC y, en algunos casos, el JNE”.

La exministra de Justicia Ana Neyra indica que incluso con interpretación del TC, “que solo permite revisión judicial limitada, el juez puede revisar actos parlamentarios cuando están en juego derechos fundamentales”.

Para Rosa María Palacios, “la destitución de los miembros de JNJ no es un acto político. Necesita causa y por tanto motivación”.

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El fallo judicial

Esta es la parte más importante de la resolución de la Tercera Sala Constitucional, que dicta suspender de manera provisional la investigación a los miembros de la JNJ.