Congreso perpetra golpe contra la Junta Nacional de Justicia

Un giro de 180 grados dio la Comisión de Justicia del Congreso para aprobar un nuevo informe que recomienda remover por “falta grave” a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, se aprobó el “nuevo informe final” que debe ser debatido en el Pleno del Congreso. “Lo que no era causa grave a la hora de almuerzo… a la hora de la cena sí lo es”, comentó la constitucionalista Beatriz Ramírez.

Con votos de los congresistas Rosio Torres (denunciada por recorte de sueldo), Elvis Vergara y Luis Aragón (investigados en el caso Los Niños), Patricia Juárez, Jorge Morante, Martha Moyano y María Alva (que blindaron a Rosselli Amuruz), entre otros, la Comisión de Justicia aprobó que el Pleno, al amparo del art. 157 de la Constitución, remueva a los miembros de la JNJ por una presunta “falta grave”.

En el informe anterior no se encontró falta grave, pero en este nuevo informe se cuestiona que la JNJ haya permitido la permanencia de la magistrada Inés Tello, pese a contar con 75 años de edad, bajo el argumento de que el límite de 75 años es solo para ingresar a la Junta.

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En la tarde había un informe, el cual indicaba que no había falta grave. Pero las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre y Acción Popular, que hicieron mayoría, cambiaron el sentido del informe y este jueves se vería la votación en el Pleno.

El texto del nuevo informe dice que “se halló causa grave por incumplir con el artículo 156, inciso 3 de la Constitución Política, debido a que, según la exposición de motivos de la Ley de Reforma Constitucional de dicho artículo, la interpretación de dicha disposición se refería a una edad para la permanencia en el cargo y no solo como requisito para postular; por lo tanto, se debe proceder conforme al artículo 157 de la Constitución”.

Cabe precisar que se necesitan 87 votos para que el Pleno de hoy apruebe la destitución de los siete magistrados.

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Venció el plazo

Ayer, miércoles, se había vencido el plazo inicial de catorce días que el Pleno le había dado a la comisión parlamentaria para que investigue los cinco cargos incluidos en la moción de orden del día presentada por Patricia Chirinos (Avanza País) y que planteaba una investigación sumaria a la JNJ por una presunta “causa grave”.

El martes se había filtrado el informe preliminar preparado por el equipo técnico de la comisión en el que, en la práctica, tiraba por el suelo las acusaciones de Chirinos, las que, con entusiasmo, han hecho suyas un sector del Parlamento.

Parlamentarios como Alejandro Muñante, Gladys Echaíz, Adriana Tudela, Martha Moyano, Héctor Ventura, Patricia Juárez, María del Carmen Alva, Luis Aragón, entre otros, mostraron su inconformidad.

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El informe preliminar señalaba que el comunicado suscrito por Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio Humberto de la Haza e Inés Tello por el caso de la exfiscal Zoraida Ávalos no supone una causa grave, pues el proceso “siguió su curso normal”. De hecho, Ávalos terminó siendo inhabilitada.

Respecto a la supuesta presión de la JNJ al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que la Corte Suprema emita un pronunciamiento en favor de Ávalos, el informe recordaba que ninguno de los invitados a la comisión dio fe de ello. Es más, el propio Arévalo negó de manera enfática. Tampoco se encontró evidencia de que la JNJ hubiera entregado información al portal IDL-Reporteros sobre las investigaciones a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Y sobre los dos cargos restantes —el límite de edad para ser parte de la JNJ que la magistrada Inés Tello habría infringido y la no presentación de los informes anuales de gestión—, el informe proponía que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se encargue de determinar si Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry infringieron el artículo 99 de la Constitución.

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Claves

Se quiso defender. Ante las críticas de sus colegas, la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, aseguró que se había trabajado con imparcialidad.

A pedido. “Si la perspectiva técnica no gusta, entonces la mayoría de la comisión ordena el sentido en el que tiene que ir el dictamen. Vaya imparcialidad de procedimiento”, escribió —con evidente carga irónica— la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez.