Congresista Silvia Monteza retrocede y retira su firma de PL que restituye inmunidad parlamentaria
Legisladora pidió retirar su firma de la propuesta legislativa en la que congresistas implicados en el caso 'Los Niños' buscan que se modifique el artículo 93 de la Constitución.
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Respaldo se debilita. Luego de haberse advertido las críticas en contra del nuevo intento de un grupo de legisladores de buscar impunidad, la congresista Silvia Monteza Facho presentó el retiro de su firma del proyecto de ley planteado el último miércoles por el legislador Wilson Soto, que propone restituir la inmunidad parlamentaria. El proyecto fue inicialmente impulsado por varios de los legisladores conocidos como 'Los Niños' de Acción Popular, que se encuentran implicados en las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo.
Tras la presentación del proyecto de ley 5653/2023-CR, el cual fue subido a la web del Congreso el último miércoles, una serie de cuestionamientos se han iniciado en torno a sus principales impulsores. Como resultado, la legisladora Monteza presentó ante el oficial mayor del Legislativo el oficio 010-2023/2024-SMMF-CR, en el que solicita el retiro de su firma del predictamen.
¿Quiénes más firmaron el proyecto de ley propuesto por Wilson Soto?
Otros nombres de Acción Popular que siguen consignados en el proyecto de ley y que se encuentran bajo investigación en la carpeta fiscal 204-2022 por el caso 'Los Niños' —la Fiscalía les imputa el haber ejercido como el 'brazo congresal' de la organización criminal de Pedro Castillo— son Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Elvis Vergara, Juan Mori, José Arriola, Carlos Alva y Luis Aragón Carreño.
¿De qué trata la propuesta?
Según precisa Omar Cairo, “durante toda la historia de vigencia de la inmunidad parlamentaria, solo ha servido solo como herramienta de negociación y encubrimiento”.
Si prospera la reforma constitucional que propone Acción Popular, los congresistas que cometen estos presuntos delitos ya no podrían ser procesados ni detenidos en casos de flagrancia; pues se tendría que pedir autorización al Parlamento. "Y el Congreso podría no autorizar la detención en caso de flagrancia", detalló.
El constitucionalista precisó además que los congresistas actualmente tienen antejuicio político, para casos de presuntos delitos vinculados con sus funciones parlamentarias. Es decir, frente a hechos que cometen en el ejercicio de sus funciones sí es necesario pedir autorización al Congreso para el procesamiento en sede judicial.
"Ahora, si el Congreso aprueba esa reforma, sería ampliar esa protección a otros delitos ajenos a sus funciones", alertó, al tiempo de considerar que sería un retroceso y lamentable para un Poder Legislativo que es rechazado por nueve de cada diez peruanos.
¿Cuáles son los cambios que introduce el proyecto?
Actualmente, los congresistas siguen gozando con la prerrogativa del antejuicio político para casos de presuntos delitos vinculados con sus funciones parlamentarias. En tanto, no pueden ser procesados ni detenidos por los casos antes mencionados. Se requiere previamente una denuncia formal ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la cual en caso sea aprobada pasa a la Comisión Permanente y en última instancia al Pleno, en el que finalmente se decide con una mayoría simple de votos. De no obtenerlos, pasa al archivo.
El proyecto de Acción Popular, el cual tiene como autor principal a Wilson Soto, representante por Huancavelica, apunta a una nueva modificatoria del artículo 93 de la Constitución con la que se restituye la inmunidad parlamentaria para impedir que los legisladores puedan ser procesados o detenidos en flagrancia por presuntos delitos —ajenos a sus funciones— cometidos.
“(Los legisladores) no pueden ser procesados ni (ser) presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento dentro del plazo improrrogable de 30 días calendarios. Caso contrario, procede el silencio administrativo positivo”, se lee en el proyecto.
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Fuentes expertas en derecho constitucional explicaron a La República que la figura de la inmunidad parlamentaria solo ha servido, en el pasado, como una herramienta de “encubrimiento” y “blindaje”. En tanto, consideran que la iniciativa impulsada por congresistas investigados en la actualidad por la Fiscalía sería un “retroceso” para el Poder Legislativo.
¿Cuándo se eliminó la inmunidad parlamentaria?
El 4 de febrero del 2021, el Congreso ratificó la reforma constitucional que prevé la eliminación de la inmunidad parlamentaria, con 103 votos a favor 14 en contra y 1 abstención. De esta forma, dio luz verde a que los legisladores puedan ser investigados y procesados por la comisión de delitos comunes durante el ejercicio de sus funciones.
Periodista de la sección política, cinéfila y melómana.
