Congreso: Procuraduría denunció a José Arriola por recorte de sueldos a trabajadores
Legislador de Acción Popular fue denunciado por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio y por supuesta concusión.
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La Procuraduría General del Estado denunció al congresista José Arriola Tueros ante la Fiscalía de la Nación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio y, alternativamente, por supuesta concusión. Esto fue dispuesto luego de que un informe periodístico revelara que recortaba el sueldo a sus trabajadores bajo la modalidad de una declaración jurada, la cual era firmada por las víctimas para “justificar” la entrega de un porcentaje de su remuneración para una supuesta labor social que brindaría el acciopopulista.
"Yo, Carlos Franco Valenzuela Abanto, declaro bajo juramento que en forma voluntaria y libre —sin ningún tipo de coerción— dispondré un aporte económico solidario por el monto de S/1.323,00 para ser utilizado únicamente en apoyo social a favor de personas vulnerables de sectores de pobreza y extrema pobreza", dice una de las declaraciones juradas que mostró José Arriola para defenderse de la denuncia.
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Este no sería el único caso. También se reportó el recorte de sueldos a otros trabajadores de este despacho congresal. Entre los afectados se encuentran Mario García Quispe (técnico), Fernando Portal Obregón (auxiliar), Óscar Terán Chinguel (asistente) y Carmelo Zaira Rojas (asesor).
Por otro lado, a fines de marzo del 2023, solo un mes antes de que se destapara la denuncia, la Fiscalía de Anticorrupción, junto con personal de la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú, encontró —en el marco de un operativo por el caso Los Niños— US$71.000 (dentro de una mochila, en la habitación de su hijo) y S/33.570 (debajo del colchón de Arriola Tueros) en la vivienda del congresista, ubicada en la calle Sacsayhuamán 111 de la urbanización Salamanca de Monterrico, en el distrito de Ate Vitarte. En su defensa, el parlamentario señaló que el dinero es producto de sus ahorros de 40 años de trabajo en el Estado.
Finalmente, hasta el momento, el Ministerio Público ha abierto investigaciones preliminares contra las congresistas acusadas por recorte de sueldo a sus trabajadores. Heidy Juárez, Magaly Ruiz, Rosio Torres, Katy Ugarte y María Cordero Jon Tay tienen procesos fiscales abiertos por el presunto delito de concusión, el cual está establecido en el artículo 382 del Código Penal. Este mismo camino sería el que adoptaría la Fiscalía con el acciopopulista.
