Política

Congresistas canjearon a Pedro Castillo puestos de trabajo por votos

Identificados. Fiscalía de la Nación amplió el caso Los Niños a otros 18 legisladores por los presuntos delitos de crimen organizado y tráfico de influencias agravado. Cinco nuevos colaboradores eficaces informaron que el expresidente Pedro Castillo accedió a que coparan ministerios con sus familiares, amigos y allegados.

En sus manos. Pleno del Congreso retoma debate hoy. Foto: Antonio Melgarejo/La República
En sus manos. Pleno del Congreso retoma debate hoy. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Cinco nuevos colaboradores eficaces, entre quienes se encontrarían exintegrantes del “gabinete en la sombra” del exmandatario Pedro Castillo, confesaron que el ex jefe de Estado intercambió favores con congresistas de diferentes bancadas a cambio de que votaran contra los dos intentos de vacancia o la censura de gabinetes o ministros.

De acuerdo con la disposición de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, además de los seis legisladores del grupo denominado “Los Niños”, los colaboradores eficaces han identificado a otros 18 parlamentarios que presuntamente recibieron prebendas de diferente tipo por parte del expresidente Castillo.

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Según el documento suscrito por la fiscal de la Nación, la información proporcionada por los testigos –entre quienes se encontraría un personaje que no era funcionario público pero que reclutaba a los congresistas y los conducía a Palacio de Gobierno para que se reuniera con Castillo– coincide con el registro de visita de los legisladores mencionados. Son 18, sumados a los seis miembros de “Los Niños”, serían 24 los implicados.

Debe recordarse que el colaborador eficaz Salatiel Marrufo Alcántara, integrante del “gabinete en la sombra” y exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, implicado en el caso, mencionó que le entregó al exmandatario Castillo dos millones de soles para sobornar a 20 legisladores con 50 mil soles cada uno, para que votaran contra la vacancia presidencial.

La fiscal de la Nación imputa los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencia agravada contra Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón e Hilda Portero.

También contra Carlos Zeballos, Germán Tacuri, Pasión Dávila y Francis Paredes. Además, Óscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Américo Gonza, Segundo Quiroz, Carlos Alva y Nivardo Tello. En el caso de Betssy Chávez, se le atribuye el presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo.

Siete son de Acción Popular, ocho del Bloque Magisterial, uno de Perú Democrático, otro de Perú Libre y uno sin bancada.

Según los colaboradores eficaces, los parlamentarios de Acción Popular solicitaron y consiguieron que el exmandatario Castillo les permitiera el copamiento del Ministerio de la Producción (Produce), mediante el nombramiento de familiares, amigos y allegados.

En el caso de los legisladores del Bloque Magisterial, estos consiguieron puestos públicos en organismos pertenecientes a los ámbitos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y el Seguro Social, entre otras entidades, en Lima y en provincias.

Los colaboradores eficaces indicaron que en el caso de los congresistas de Acción Popular, estos negociaron el intercambio de favores con el mismo Pedro Castillo y su asesor técnico Auner Vásquez Cabrera, durante una reunión ocurrida el 7 de setiembre de 2021 en Palacio de Gobierno.

Incluso se designó al congresista Darwin Espinoza y a Auner Vásquez como los coordinadores de ambos grupos.

Dos días después, Espinoza se entrevistó con Vásquez y le recordó su compromiso con el ex jefe de Estado, que ya contaba con doce congresistas que votarían en contra.

Varios de estos parlamentarios se reunieron con terceros interesados en ocupar los puestos de trabajos prometidos. Como parte del acuerdo ilegal, el 14 de setiembre los congresistas implicados y sus allegados acudieron a Palacio y conferenciaron con Vásquez.

Entre estas personas se encontraban Javier Pérez Reyes y Jorge Palomino Cordero. El primero vinculado a Darwin Espinoza y el segundo a Jorge Flores. El primero sería nombrado director general de pesca y el segundo director de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, ambos en Produce.

En diferentes medios, varios de los legisladores imputados por la fiscal de la Nación negaron los hechos.

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