Los Niños: ¿por qué los acciopopulistas son sindicados como el ‘brazo congresal’ de Castillo?

El último 11 de octubre, el Ministerio Público allanó las oficinas y viviendas de los seis congresistas de Acción Popular, sindicados como Los Niños: Raúl Doroteo Carbajo (Ica), Juan Carlos Mori (Loreto), Elvis Vergara Mendoza (Ucayali), Darwin Espinoza Vargas (Áncash), Jorge Flores Ancachi (Puno) e Ilich López Ureña (Junín).

Presuntamente, los seis parlamentarios integrarían una presunta organización criminal enquistada en el Estado y que la lideraría el presidente de la República, Pedro Castillo, según la tesis de la Fiscalía.

El Ministerio Público sustenta que los congresistas forman parte del esquema delictivo que se implantó en el Ministerio de Transportes y Corrupciones (MTC) cuando Juan Silva gestionaba la cartera para direccionar obras a favor de empresas chinas y peruanas con las que ellos tenían alguna relación.

La base de la acusación contra los congresistas denominados como Los Niños se debe a la manifestación de dos colaboradores eficaces ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.

“Tengo conocimiento de que el cabecilla de la organización criminal es el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones (…). Para eso negoció con algunos integrantes del Congreso de la República que son de oposición para que sean sus aliados en las diferentes votaciones de vacancias presidenciales y/o censuras a ministros”, señaló el colaborador eficaz ante la Fiscalía.

A esto se suma las declaraciones de la lobbista Karelim López Arredondo, quien señaló que los aciopopulistas intercambiaban votos a favor del Ejecutivo.

Los Niños habrían solicitado obras para salvar a Pedro Castillo

Un punto importante que se relata en el informe fiscal es que los congresistas de la bancada de la lampa exigieron al presidente Pedro Castillo siete millonarias obras públicas — que superan el monto de 800 millones de soles— “como parte del trato para su apoyo incondicional”.

Acorde al informe, el exasesor presidencial Auner Vásquez le entregó a Bruno Pacheco “la relación de los siete proyectos que eran pedidos por los congresistas de Acción Popular”.

En cuanto a las pruebas que tiene la Fiscalía sobre la influencia ejercida por Los Niños, se encuentra la gestión efectuada a favor de la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos, de Roberto Aguilar Quispe, y de la empresa China Civil Engineering Construction (CCECC).

A estas dos empresas se le adjudicaron obras por un valor de 413,7 millones de soles durante el gobierno de Castillo Terrones.

Un dato que se menciona en el informe de la Fiscalía es que el pasado 13 de enero, el congresista Raúl Doroteo tuvo una reunión con el empresario chino Li Qingyong, de la empresa CCECC y Alexander Quispe Aguilar, hermano del dueño de INIP.

A todo esto se le suma que presuntamente llegaron a exigir ”12 direcciones de órganos estatales”.

“Auner Vásquez buscó a Bruno Pacheco y le dijo: ‘Ya está todo coordinado, tenemos el apoyo de Acción Popular, pero me han pedido doce direcciones de órganos estatales a cambio’, y le entregó doce sobres que contenían Curriculum vitae de terceros, refiriéndole que era uno por congresista, y los nombres de las direcciones a las que debían ser designados, indicándole a Bruno Pacheco que todo estaba aprobado por el presidente”, señala la investigación fiscal.

Reuniones con Pedro Castillo

A fines de marzo de 2022, cuatro de los seis acciopopulistas habrían ingresado a Palacio de Gobierno de manera secreta: Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.

Sobre esto, el jefe de Estado habría coordinado con Beder Camacho que se apagaran las cámaras de seguridad del ingreso de la Casa de Pizarro con la presunta intención de que no graben el ingreso de los parlamentarios.

“A fines de marzo del 2022, el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, ordenó a Beder Camacho Gadea, para que apaguen las cámaras de seguridad de ingreso a Palacio de Gobierno porque iba a tener una reunión a horas de las 9 a 10 de la noche aproximadamente y no quería que se grabe el ingreso de sus invitados”, se lee en el documento de la Fiscalía.

“La reunión con el presidente de la República habría durado dos horas y media aproximadamente y luego se vuelven a prender las cámaras de seguridad”, agregan.