Los Niños exigieron al presidente 12 cargos y 7 millonarias obras públicas

Los inmuebles de los congresistas acciopopulistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara, fueron allanados por mandato judicial a solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, que les imputa haber sido parte de una organización criminal encabezada por el jefe de Estado, Pedro Castillo.

La Fiscalía sostiene que los congresistas, conocidos como “Los Niños”, son parte fundamental en el esquema delictivo que se implantó en el Ministerio de Transporte (MTC), durante la gestión de Juan Silva Villegas, para direccionar obras a favor de empresas chinas y peruanas, entre ellas INIP Ingeniería Integración de Proyectos, de Roberto Aguilar Quispe.

La tesis indica que los congresistas ejercieron influencia en el gobierno, tanto con el presidente Pedro Castillo como con el exministro Juan Silva, para que ciertas empresas obtengan obras. Luego, se les exigía una cuota a las constructoras que se entregaba a los funcionarios públicos y a los parlamentarios.

“(El exasesor presidencial) Auner Vásquez ese día le entregó una relación de siete proyectos a (el exsecretario presidencial) Bruno Pacheco, que eran el pedido de los congresistas de Acción Popular como parte del trato para su apoyo incondicional”, se lee en el documento fiscal.

No solo eso, los parlamentarios también llegaron a exigir cuotas de poder en diversas entidades estatales, según el documento que sustenta el allanamiento a las viviendas de Los Niños.

“Auner Vásquez buscó a Bruno Pacheco y le dijo: ‘Ya está todo coordinado, tenemos el apoyo de Acción Popular, pero me han pedido doce direcciones de órganos estatales a cambio’, y le entregó doce sobres que contenían Currículum Vitae de terceros, refiriéndole que era uno por congresista, y los nombres de las direcciones a las que debían ser designados, indicándole a Bruno Pacheco que todo estaba aprobado por el presidente”, señala la investigación fiscal.

El Ministerio Público precisa que “Los Niños” obtenían beneficios económicos y el poder de poner personas de su confianza en puestos claves, mientras que el presidente ganaba sus votos en el Congreso ante posibles mociones de vacancia y censuras a los ministros.

“De acuerdo con la tesis de la Fiscalía su actuación (de Los Niños) estaría destinada a garantizar la permanencia del mandatario y, en general, de los miembros del Poder Ejecutivo, como consecuencia de los beneficios ilícitos obtenidos”.

Vinculaciones chinas

El caso más documentado que tiene la fiscalía sobre la influencia ejercida por Los Niños es sobre la gestión efectuada a favor de la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos de Roberto Aguilar Quispe y de la empresa china China Civil Engineering Construction (CCECC).

Una de las pruebas centrales de este caso se remonta al 13 de enero de este año, fecha en la que se realiza la reunión entre Raúl Doroteo, el empresario chino Li Qingyong, de la empresa CCECC, y Alexander Quispe Aguilar, hermano del dueño de INIP.

Ambas empresas, como informó una investigación de La República, se adjudicaron obras por un valor de 413,7 millones de soles en el gobierno de Pedro Castillo.

Posteriormente a esa reunión, INIP también gana una obra en Amazonas, motivo por el cual, la Fiscalía sospecha que dicha reunión sirvió para generar acuerdos para favorecer a la empresa.

“En tesis de la Fiscalía habrían obtenido dichas contrataciones en razón de las influencias ejercidas por los congresistas de la República investigados”, sentencia.