Buscan transparentar los aportes de personas jurídicas a los partidos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha enviado a consideración del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un proyecto de ley para que las personas jurídicas, con y sin fines de lucro, puedan realizar aportes a las organizaciones políticas hasta por 120 UIT.

La iniciativa propone además las siguientes restricciones: no podrán realizar aportes las personas jurídicas nacionales con fines de lucro que tengan contratos activos con el Estado, ni las extranjeras con fines de lucro, esto último para evitar la injerencia de dinero de otros países en asuntos internos. Podrían aportar en cambio las personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro, siempre y cuando el motivo sea la formación de cuadros.  

Para la elaboración de esta iniciativa la ONPE se ha basado en la jurisprudencia internacional. En la mayoría de los países de América del Sur se autoriza a las personas jurídicas y empresas apoyar a las campañas, aunque con limitaciones.

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Luego del escándalo Lava Jato, cuando se revelaron aportes no registrados de empresas constructoras a partidos y candidatos, la reacción fue prohibir esta clase de financiamiento. Las cosas han cambiado desde entonces.

Percy Medina, jefe en el Perú de Idea Internacional, explicó que en estos momentos el principal riesgo en materia de campañas electorales en el Perú tiene que ver con los ingresos provenientes de redes ilícitas como la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico, entre otras, que mueven una gran cantidad de recursos y buscan penetrar en el poder para favorecerse.

Consideró que es pertinente permitir las donaciones legales de personas jurídicas, siempre con límites razonables, a fin de impedir que estas se produzcan de forma ilegal, sin registrar.

“Allí donde se prohíben las donaciones legales de empresas suele decirse que estas igual donan de manera oculta. Autorizarlas haría que todo fuera más transparente. En el Perú de hoy parece ser la mejor alternativa, siempre exigiendo una claridad absoluta”, declaró Medina.

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Fue en un seminario internacional sobre financiamiento político en América Latina, organizado por IDEA Internacional y la ONPE, que el jefe de esta última, Piero Corvetto, anunció que se había enviado al JNE la iniciativa. Cabe señalar que en julio la Junta Nacional de Justicia ratificó a Corvetto en el cargo por cuatro años más. 

Omar Awapara, secretario general de Transparencia, estuvo de acuerdo con Medina. Dijo que luego de la prohibición del financiamiento de personas jurídicas aprobada en 2017, ese espacio ha sido llenado por el dinero ilegal. Advirtió que hay distintas actividades –como el transporte informal y otras– que han encontrado espacio, por ejemplo, en el Congreso. De acuerdo con Awapara, permitir de nuevo que el sector privado realice aportes puede ayudar a equilibrar en algo la presencia de los fondos ilícitos o irregulares en la política.

Lo que no puede ocurrir de ninguna manera, añadió, es que se retroceda al esquema anterior cuando no había registro de los ingresos de campaña y estos se producían “debajo de la mesa”. Así, sugirió que la transparencia tiene que ser un elemento central.

Awapara admitió que un cuestionamiento que ciertos sectores podrían hacer al proyecto es que las empresas que entreguen dinero a los partidos podrían buscar algún tipo de favor en retribución. Señaló que será necesario pensar en medidas que ayuden a prevenir este aspecto.

Por su parte, el exjefe de la ONPE y experto electoral, Fernando Tuesta Soldevilla, consideró que los aportes de personas jurídicas con fines de lucro “deben de estar sucediendo en la realidad”, solo que son difíciles de rastrear. “Esta iniciativa es una especie de sinceramiento frente a lo que ocurre”, planteó.

En esa línea, Tuesta sostuvo que el proyecto puede ayudar a promover a que, antes de las elecciones de 2026, haya un planteamiento integral sobre financiamiento en el que los partidos reciban dinero, sean supervisados y, si cometen faltas, sancionados de manera efectiva.

Desde la ONPE, la asesora de la jefatura nacional, Katiuska Valencia, explicó que el proyecto busca, de cara a las elecciones generales y regionales y municipales de 2026, transparentar los aportes de campaña y poner en discusión el tema del financiamiento ilegal. Existe, dijo, una profunda preocupación por los posibles apoyos de economías ilegales en la política peruana, sobre todo a nivel subnacional.