Zoraida Ávalos: “Es una dictadura congresal, es un Congreso que se permite hacer las veces de un tribunal”

La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, evalúa la opción de recurrir al sistema interamericano para presentar su caso. La inhabilitación que sufrió por parte del Congreso —sostiene— deja en evidencia que estamos frente a una “dictadura congresal”, en la que se está “quebrantando el balance de poderes”.

—¿Qué le pareció la decisión de la Sala Plena de abstenerse de pronunciarse sobre su inhabilitación? ¿Esperaba esa decisión?

—No. Porque el tema no era de una defensa a mí, Zoraida Ávalos. Era un tema de defensa a la autonomía e independencia del sistema de justicia, porque lo que ha pasado conmigo, en realidad, tiene dos variantes.

—¿Cuáles son?

—Primero, que han afectado mis derechos fundamentales. Me han cortado un proyecto de vida, eso es cierto. Son 41 años con siete meses de trabajo que han sido detenidos de manera injusta. Encima, me han colocado en una situación de vulnerabilidad, porque no puedo trabajar ni tengo, ni siquiera, una remuneración ni una pensión. ¿Cómo pretenden que pueda vivir o defenderme? Pero, más allá de eso, lo más importante, es que se está quebrantando el balance de poderes, que es el pilar de toda democracia. Yo no esperaba de parte de la Suprema un pronunciamiento en mi defensa. Yo esperaba un pronunciamiento en defensa de la autonomía e independencia.

—Se alegó que podría interpretarse como un adelanto de opinión.

—Creo que un sector ha dicho eso. No lo comparto. Yo creo que la democracia en el Perú ha sido seriamente debilitada, porque, en esencia, es balance de poderes, equilibrio de poderes. Es decir, un elemento básico de cualquier democracia es el sistema de administración de justicia. Cuando el Congreso se permite cuestionar una decisión jurídica, un criterio funcional, está haciendo las veces de un tribunal, y eso no se puede permitir ni aquí ni en ningún lado. Es una invasión de funciones. Ellos (los congresistas) no pueden cuestionar criterios jurídicos. Dicho sea de paso, es un criterio jurídico que por 39 años había sido unánime. Es más, que la propia impulsora de esta denuncia, la señora Gladys Echaíz…

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—Había aplicado en el caso de Alan García.

—Había aplicado. Uno de los casos que ella archivó de plano fue el de los Petroaudios. Ella no investigó al entonces presidente ni a los altos funcionarios involucrados. La posición que yo adopté supuso investigar a todos los altos funcionarios. Solamente con respecto a Pedro Castillo…

—Suspendió la investigación.

—Suspendí las diligencias, porque no se podía hacer
más cosas…

—Eso usted lo explicó al momento de defenderse en el Pleno. Por cierto, Echaíz empezó a mencionar los casos por los cuales se pretendía investigar a Alan García. Varios de ellos eran absurdos, es verdad.

—Pero dos de ellos sí tenían sentido. Uno, el de los Petroaudios.

—Que no lo mencionó, me parece.

—No lo leyó. Y ahí está su resolución, de archivo de plano, en aplicación del artículo 117 de la Constitución.

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—Mirando hacia atrás, ¿no cree que pudo haber iniciado las diligencias en el caso de Castillo?

—No, señor. Es más, di un paso que nadie había dado. Abrí una investigación para evitar impunidad y evitar que prescriba.

—El fiscal Pablo Sánchez sí dio ese paso.

—Dio un paso más…, pero, a ver. Y qué bueno, ¿no? Ese paso él lo dio, pero no pudo hacer ninguna diligencia. Hay algo que no entienden muchos. Si el señor Castillo no hubiera dado el golpe de Estado el 7 de diciembre, hasta ahora estaríamos entrampados porque la Constitución dice que no se le puede acusar (a un presidente en ejercicio). ¿Sabe dónde hubiese estado la solución? Siempre estuvo en manos del Congreso. Para empezar, pudo haberlo vacado (a Castillo). No lo hizo. O pudo haber agregado a la Constitución que un presidente en funciones pueda ser investigado en caso de corrupción. Tampoco lo hizo. ¿Entonces?

—¿Es una venganza política contra usted?

—Creo que es una venganza política por las 43 denuncias constitucionales que hice contra altos funcionarios. Muchas de ellas han sido archivadas.

—¿Una venganza política de quiénes?

—De un sector del Congreso.

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—¿Qué sector?

—No solamente votó en mi contra la ultraderecha. También votaron todos los ‘lapicitos’, los investigados por el caso de Los Niños, los que se conocen como los ‘mochasueldos’. Para eso sí se unen, ¿no?

—¿Usted cree que el actual Congreso tiene un entendimiento con la actual fiscal de la Nación?

—Hay un sector del Congreso que, creo, la ayuda mucho. Nosotros, como Ministerio Público —porque todavía me considero parte de él, porque mi título no ha sido cancelado—, somos un órgano independiente y no tenemos por qué meternos en cosas de política.

—Va a recurrir, entiendo, al Sistema Interamericano. ¿Cómo va ese proceso?

—Lo estoy evaluando. En este momento, comprenderá, todavía es algo pronto. Lo que se ha cometido conmigo es una tremenda injusticia. Como le digo, me han dejado sin pensión, sin remuneración, sin seguro de salud, en una situación de vulnerabilidad. Es más, estoy comprendida como agraviada en una investigación contra la organización criminal ‘La Resistencia’. Y, sin embargo, como usted ve, no tengo seguridad. La otra vez que vinieron a tomarme una declaración me dijeron que, como máximo, podían asignarme una persona, pero sin movilidad, sin nada. La otra vez vinieron acá más de 50 personas de esa organización criminal. ¿Qué puede hacer una persona contra 50?

—¿La han amenazado?

—Cuando vinieron a mi casa, mi esposo salía con el auto y lo amenazaron de muerte.

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—¿No le corresponde por ley la seguridad?

—Me correspondería. He presentado cuántas denuncias… Mi vida peligra, y la de mi familia también. Sin embargo, no tengo respuesta hasta ahora.

—¿Ve similitud entre lo que ocurre hoy en el panorama político, en el Ministerio Público, y lo que se vio en los noventa?

—Sí. Es una dictadura congresal, es un Congreso que se permite hacer las veces de un tribunal, y con 6% de aprobación. Es un Congreso que destituye a un magistrado, porque inhabilitarme por cinco años, en la práctica, es destituirme.