RMP sobre PL de Jorge Montoya: “Los Gobiernos autoritarios desprecian los derechos humanos”
La especialista Rosa María Palacios advirtió que el proyecto de ley para instar al Ejecutivo a denunciar la Convención Americana de Derecho Humanos nos colocaría a lado de países autoritarios como Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Luego de que el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó un proyecto de ley que busca denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) con la supuesta finalidad de “salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano”, distintas personalidades han mostrado su rechazo. Una de ellas es la periodista Rosa María Palacios quien, en su programa Sin Guion, precisó que “un derecho es un límite al poder” y “los Gobiernos autoritarios desprecian los derechos porque no quieren tener límites”.
Este es el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que no están dentro del ámbito de la convención. “El señor Montoya quiere ponernos en ese club, en ese grupo, en el grupo de los países autoritarios, que no quieren tener un control sobre los abusos que realizan contra sus ciudadanos”, advirtió la conductora. “¿Qué es lo que quiere el señor Montoya y Renovación Popular? Que no tengamos derechos, que los derechos del Congreso no tengan límites sobre los ciudadanos”, añadió.
Si procede la denuncia contra la CADH, la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) dejará de tener jurisdicción sobre las acciones de la justicia peruana que podrían violar los derechos humanos.
La presentación de esta iniciativa legislativa se da después de que tres informes de organizaciones internacionales que velan por derechos humanos señalaran que en el Perú se han transgredido estos derechos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.
Tan es así que los estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Amnistía Internacional concluyeron que el Gobierno peruano cometió “ejecuciones extrajudiciales” en las manifestaciones de Ayacucho, Puno, Arequipa y otras regiones. “En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, se lee en el documento de la CIDH.
Sin embargo, Rosa María Palacios dejó claro que ni Dina Boluarte ni Alberto Otárola, que fungía de ministro de Defensa durante las protestas, se van a librar de procesos ante la Corte Interamericana. “Para aquellos en el poder que crean (eso) se equivocan porque los hechos de diciembre, enero, febrero y marzo ocurrieron durante la vigencia del tratado y, cuando se denuncia, todo lo que ocurra un año después del acto formal de denuncia sigue estando bajo el amparo de la corte”, apuntó.
RMP: “El Congreso no puede denunciar tratados”
La especialista también detalló que el Congreso no puede denunciar el tratado, según el artículo 57 de la Constitución Política que, en su último párrafo, dice: “La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República, con cargo a dar cuenta al Congreso; en el caso de los tratados sujetos a la aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de esta”.
Es decir, “aprobación previa al Congreso, denuncia por Dina boluarte; y no denuncia parcialmente, tiene que denunciar todo el tratado y nos deja a todos los peruanos sin derechos frente a la arbitrariedad, en un país donde defender derechos internamente ha resultado tremendamente difícil para miles o tal vez millones de peruanos”, reclamó la periodista.
Dina Boluarte sería la responsable política de las matanzas durante las protestas. Foto: composición LR/Archivo
“Esto es lo que quiere hacer el señor Montoya, su bancada, el partido López aliaga; quiere caminar hacia el autoritarismo en el Gobierno, sin límites”, concluyó RMP. “Pero, si el congreso cree que va a poder quitarnos eso, pues no le va a resultar tan fácil, vamos a ver personas en el Perú que vamos a protestar contra la barbarie todos los días”, sentenció.
“Ese es el sueño de todas las dictaduras; que los ciudadanos no tengan derechos y no tengan cómo hacerlos valer, quitándoles la posibilidad de una justicia supranacional, no lo permitamos”, recomendó la especialista.
