Gobierno de Boluarte no tomó medidas para evitar más muertos en protestas, según HRW
Informe de 117 páginas de Human Rights Watch emite conclusiones lapidarias contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cuyos altos funcionarios son investigados por genocidio ante la Fiscalía en el marco de los fallecidos en protestas.
Mientras la investigación en el Ministerio Público avanza a paso lento, la organización internacional Human Rights Watch emitió un informe de 117 páginas titulado “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, el cual brinda un análisis extenso y detallado sobre los hechos ocurridos entre diciembre y los primeros meses del 2023. El documento es contundente respecto a las presuntas responsabilidades que tendría el Gobierno de Dina Boluarte sobre la muerte de más de medio centenar de personas.
En el informe se detalla que pese a que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, declaró que la presidenta Dina Boluarte le envió un mensaje de WhatsApp para solicitar que el uso de la fuerza se ajuste a la ley, durante las protestas, no hay evidencia de que el Ejecutivo haya desplegado esfuerzos para ello. Resaltan que la Fiscalía no ha buscado verificar esta afirmación del jefe de la PCM.
“Human Rights Watch no ha visto ninguna prueba de acciones por parte de la presidenta Boluarte o de sus ministros para garantizar el cumplimiento de esa directiva, a pesar de los repetidos casos en los que estaba claro que las fuerzas de seguridad estaban violando la ley y poniendo en peligro la vida de la población”, se lee en el documento.
Por otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos también destaca la falta de medidas adoptadas por el Gobierno “para que los responsables rindan cuentas. Al contrario, las autoridades desestimaron los abusos. A menudo negaron que se hubiesen producido, al tiempo que expresaban repetidamente opiniones ofensivas sobre los manifestantes y los menospreciaban insinuando que eran 'terroristas'”.
En esta línea, se señala que parte de esta retórica empleada por el Gobierno de Dina Boluarte parecía excusar o minimizar los abusos. Esto lleva a Human Rights Watch a plantear interrogantes sobre la posible negligencia o incluso complicidad en los abusos.
En tanto, hasta febrero de este año, el Ministerio del Interior no abrió alguna investigación sobre la conducta policial, tampoco se reportó el caso de algún agente suspendido o separado del servicio, mientras continúan las indagaciones para dar con los responsables de las muertes.
Finalmente, el informe de Human Rights Watch se basa en entrevistas a más de 140 personas, entre testigos, familiares de fallecidos, agentes de la Policía, fiscales y autoridades. También revisaron más de 37 horas de videos y 663 fotografías, junto con las autopsias, informes balísticos, registros médicos, entre otra documentación.
