¿Cuál es la relación entre Pier Figari y Joaquín Ramirez?
La conductora de "Sin guion" explicó detalladamente cuál es la situación actual del caso de Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos.
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Rosa María Palacios se refirió a las actualizaciones del caso del actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos. Primero, habló sobre las 96 transferencias que hicieron las empresas de Ramírez a Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori. Estos últimos son acusados de ser el brazo político de la organización criminal en la que se relaciona al burgomaestre.
Luego, explicó que entre el 2013 y 2017, Figari recibió aproximadamente 180.000 dólares por parte de Joaquín Ramírez, a través de empresas de su propiedad, por sus servicios de consultoría legal, según el testimonio que dio. Además, resaltó que esto se dio en la misma época en la que este era el asesor de Keiko y Ramírez, el secretario general de Fuerza Popular.
“¿Es esto lícito? Probablemente, ustedes digan que sí, cualquiera puede contratar un abogado. Pero el problema es que la Fiscalía tiene otra tesis: sostiene que estos pagos eran en realidad otra cosa y que eran parte de una estrategia de lavado de activos, de forma probable, para financiar la campaña de Keiko u otras actividades de ella”, manifestó.
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Las incautaciones de los bienes de Ramírez continúan. Palacios sostuvo que entre lo incautado se encuentran propiedades, terrenos y casas en diversas ciudades. Declaró que, según las autoridades, estos bienes bordean los 1.000 millones de dólares.
“No hay explicación, hasta el momento, que justifique cómo una persona que declaraba que a los 20 años era cobrador de combi, pueda tener una fortuna de este tamaño. No solo él, sino sus hermanas, sus parientes, el tío, la Universidad Alas Peruanas y todos estos bienes están implicados en una misma actividad. Recordemos que el señor Ramírez no está siendo investigado por narcotráfico, sino por lavado de activos”, señaló.
“La incautación permite que sin juicio penal se pierda el dominio de estos bienes. Esa discusión legal la van a tener, por supuesto, ante un juez. Y si la familia Ramírez, Joaquín Ramírez o la UAP no pueden probar fehacientemente el trato por el cual se adquieren estos bienes, pues pasarán a dominio del Estado (…) La incautación continúa y se presume que va a demorar por lo menos un mes”, agregó.
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