Dina Boluarte: Fiscalía cita a presidenta para declarar el 7 de marzo sobre asesinatos en protestas
La mandataria tiene condición de investigada en el caso de los fatídicos hechos registrados en el país desde que asumió el cargo, por lo que deberá asistir a la sede fiscal.
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La jefa de Estado, Dina Boluarte, fue citada por el Ministerio Público a declarar el próximo martes 7 de marzo debido a los asesinatos registrados durante las protestas que solicitan su pronta salida del Gobierno. Desde que asumió la presidencia, la exministra de Pedro Castillo acumula más de media centena de muertes.
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Según el abogado de IDL Carlos Rivera, el requerimiento fiscal será presencial porque la mandataria tiene condición de investigada. De esta manera, ya no podrá optar por la conexión remota, como en anteriores ocasiones.
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El 30 de enero y el 23 de febrero, la presidenta pidió asistir virtualmente a las audiencias en su contra por el presunto delito de genocidio, pero no recibió respuesta. Tras ser consultados por este medio de comunicación, los abogados Andy Carrión y Carlos Caro advirtieron que el silencio institucional para este caso sería tomado "como un rechazo" al pedido de Boluarte Zegarra. Incluso podría ser percibido como una inasistencia a la citación.
Ministerio Público investiga presunto primer caso de corrupción de la gestión Boluarte
El 1 de marzo, la Fiscalía comenzó una investigación preliminar contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén Ojeda, y el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana Vicuña, por el supuesto ilícito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. También se involucró a la asesora de la primera mandataria, Grika Asayag, por el hipotético delito de tráfico de influencias agravado.
El Ministerio Público plantea un eventual interés en el pago de S/41 000 520 de EsSalud a la empresa Aiona Technology Corporation SAC durante el 2020. En los primeros meses del año siguiente, la Contraloría confirmó que hubo un direccionamiento en la firma por 1,2 millones de pruebas rápidas. Ante esto, se decidió congelar la cancelación a la privada desde el 2021, cuando fue habilitada por el Gobierno de la sucesora de Castillo.
