Acuden a ONU por garantías a la libertad de expresión y acceso a la información pública

La Comisión Permanente de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recibió la petición para que el Gobierno de Pedro Castillo cese la estigmatización y brinde mayores facilidades de acceso a información pública a los hombres y mujeres de prensa del Perú.

La delegación del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), integrada por periodistas de diversos medios de comunicación, formuló su pedido ante los representantes diplomáticos de varios países europeos y latinoamericanos, ante el distanciamiento que existe entre el Ejecutivo y los medios de comunicación en el Perú.

El Gobierno de Pedro Castillo le ha cerrado las puertas a los medios de comunicación al negarse a declarar sobre distintos temas de interés público y, a la vez, ha puesto a los periodistas en mayor vulnerabilidad colectiva por sus constantes enfrentamientos públicos.

La restricción a la labor de la prensa cada vez va en ascenso. Recientemente se impidió el acceso a la actividad del presidente Pedro Castillo en el Ministerio de Justicia, a pesar de ser una actividad programada, y no tener carácter de reservado.

La quincena de noviembre, la entonces ministra de Cultura y ahora presidenta del Consejo de Ministros (PCM) tildó a los periodistas de “sicarios de la información”.

El propio Pedro Castillo aseguró que la prensa no le sirve al país y la acusó de estar “sesgada”, por las denuncias de corrupción contra su Gobierno, que involucran a su entorno más cercano.

La presentación de los hombres y mujeres de prensa en la sede de la ONU en Ginebra (Suiza) se da en un contexto en que el 25 de enero de 2023, el Perú pasará su examen periódico universal (EPU) en materia de derechos humanos.

En el encuentro del próximo año, los países miembros de la ONU no solo le exigirán cuentas al Perú por las anteriores recomendaciones en materia de derechos humanos, sino también recibirá de sus pares diplomáticos nuevas sugerencias para garantizar que el ejercicio pleno de la libertad de expresión en todas sus formas y el acceso a la información pública, piezas claves para todo país democrático.

Adriana León, representante del IPYS, recordó que Pedro Castillo está investigado por siete casos de corrupción y en vez de darle explicaciones al país, responde catalogando a quienes ejercen el periodismo como “prensa basura y golpistas”.

Precisó que tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori, en el año 2000, y luego de la instauración del EPU en el 2006, el Perú recibió de los países miembros de la ONU más de 300 recomendaciones en materia de derechos humanos.

Solo cinco estuvieron referidos a libertad de expresión. Los casos referidos al ejercicio del periodismo eran mínimos porque se había logrado garantías mínimas para ejercicio libre de la libertad de prensa y, sin embargo, ello cambió en los últimos años y se acentuó con el Gobierno de Pedro Castillo.

“Estamos aquí porque queremos proponer y pedirle a los estados miembros que puedan recomendar. Este es un momento importante como para revertir o, por lo menos, frenar esta situación”, dijo Adriana León, durante su presentación ante distintas delegaciones diplomáticas que se dieron cita en la sede de la ONU.

Por su parte, el autor de esta nota, en representación La República, explicó que ejercitar el periodismo de investigación en regiones como Puno es peligroso porque se corre el riesgo de represalias del narcotráfico, minería ilegal y la corrupción política gubernamental.

Indicó que los periodistas ejercen su labor con mayor vulnerabilidad porque la deslegitimación aplicada por el Gobierno los pone en descrédito debido a los constantes ataques públicos del mandatario, al punto de convertirse en enemigos de la ciudadanía o personas a quienes no se les debe mayor respeto.

En tanto, Christopher Acosta (Latina Televisión), remarcó que el presidente no ofrece conferencias de prensa para dar explicaciones por sus actos como primer funcionario público y el Estado, como fuente de derecho público, se rehúsa a brindar información pública. La situación ha empeorado este último año.

Finalmente, Rosario Romaní, periodista de la región Ayacucho, indicó que las querellas y la limitación a la publicidad estatal se han convertido se ha convertido en un arma para acallar a los periodistas y provocar la quiebra empresarial de medios de comunicación. Precisó que los métodos del gobierno central también se aplican en regiones.