Fiscalía investiga delito de secuestro por parte de rondas contra mujeres

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el presunto delito de secuestro por parte de rondas del distrito de Chillia, en la provincia de Pataz (La Libertad), en agravio de dos mujeres acusadas de “hechicería”. Ambas han permanecían hasta anoche bajo custodia de las rondas en Carhuacocha.

Primero fue detenida Florencia Aranda Vela (44), el 28 de junio, al promediar las siete de la mañana, mientras se encontraba pastando sus animales. La intervención estuvo a cargo de las rondas de Taullish.

Luego, el 29 de junio, al alrededor de las seis de la mañana, Octavia Campos de la Cruz (56) fue sacada de su vivienda, en el caserío de Pauma. En este caso, hubo participación de ronderos de Taullish y Carhuacocha.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la comisaría de Chillia el 29 de junio. La policía intentó intervenir, pero por tratarse de un reducido personal, las rondas lo evitaron bajo el argumento de aplicación de la justicia comunal.

Sobre la marcha, el Ministerio Público emitió una resolución el 6 de julio. En ella dispuso diligencias preliminares de investigación por el presunto delito de secuestro.

Medios locales en días previas dieron cuenta de un total de ocho mujeres detenidas. La República estableció comunicación con autoridades policiales, comunales y del sistema de justicia de la zona y ninguno confirmó esta cifra.

Esto se debe a la distancia. El distrito de Chillia está ubicado a un promedio de quince horas de viaje desde Trujillo. De allí hay unos veinte minutos hasta Carhuacocha y luego están los caseríos dispersos, lo que dificultó las intervenciones.

Un hecho que puede graficar mejor esto es el trámite de un habeas corpus por parte de los familiares. El caso fue derivado al juez de paz de Chillia, Modesto Guillén. Esta autoridad informó que acudió a un caserío, pero no dio con las mujeres detenidas. “No estaban en la carceleta de la ronda”, comentó.

Recién para anoche se tenía prevista una reunión de las rondas en Carhuacocha, con presencia de la PNP y otras autoridades. El objetivo principal era la liberación de las dos mujeres. Una condición que formularon las rondas a los familiares era el retiro de las denuncias.

Hasta el cierre de edición de anoche, las dos mujeres se mantenían bajo la custodia de las rondas en Carhuacocha.

Castigo y tortura

La Fiscalía investigará no solo la detención prolongada de las dos mujeres, sino también las agresiones físicas y actos que configuran como tortura.

Imágenes de video que circularon en días previos evidencian no solo golpes contra una de las mujeres, sino que también la colgaron de un pie. Personas cercanas informaron a esta redacción que de ese modo obligaron a Florencia Aranda a aceptar su participación en presuntos actos de “hechicería”.

Todo surgió por la muerte de la madre de una persona cercana a Florencia Aranda.

El presidente de las rondas de Chillia, Manuel Quijano Muñoz, informó a esta redacción que estos hechos son materia de investigación. Algo inicial que deben confirmar es el caserío donde se produjo el acto.

Otras fuentes informaron a este diario que las imágenes corresponderían al caserío de Luchubamba.

Hay también imágenes que dejan en evidencia los duros golpes propinados por las rondas contra ambas mujeres.

Reporte policial

Uno de los reportes policiales en los que se confirma la retención de Florencia Aranda y Octavia Campos.

Ausencia de una justicia de género

Enfoque por: Rocío Silva Santisteban, abogada

Las rondas tienen como límite el respeto a los derechos humanos de todos y todas. Que hayan colgado a una mujer y la hayan golpeado hasta herirla es algo completamente fuera del marco jurídico de las rondas.

Además, la acusación de “brujería” es, tradicionalmente, una acusación del patriarcado para controlar a las mujeres. Dicen que ellas han aceptado que lo son, ¡cómo no lo harían bajo tortura!

Un tema fundamental es que las rondas requieren capacitación en justicia de género de manera urgente. Esto debe ser implementado desde el MIMP y articulado con la Oficina de Interculturalidad del Poder Judicial, para que este tipo de situaciones no se repitan.