Gobierno presionó por facultades, pero aún no presenta decretos urgencia sobre materias aprobadas
La presidenta pidió al Congreso celeridad para aprobar la delegación con el argumento de recuperar el orden y atender la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Sin embargo, tras recibir las facultades, el Ejecutivo anunció nuevos plazos para publicar sus primeras normas. Diputados de distintas bancadas cuestionaron la falta de medidas concretas.

El Gobierno de Keiko Fujimori todavía no concreta la publicación de los primeros decretos legislativos que anunció tras recibir las facultades legislativas del Congreso. Pese a que el Ejecutivo defendió la necesidad de contar con estas atribuciones para atender problemas urgentes del país, sus propios ministros estimaron que las primeras normas tardarían varias semanas en salir.
La demora contrasta con el discurso que la mandataria sostuvo durante el debate parlamentario del pedido en la Cámara de Diputados. El pasado 14 de septiembre, Fujimori aseguró que su Gobierno aprobaría decretos de urgencia para atender las necesidades del país y pidió a los diputados actuar con objetividad. "Estas facultades tienen como primer objetivo recuperar el orden", manifestó.
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El Parlamento finalmente otorgó la delegación el 21 de octubre, luego de un debate que redujo considerablemente el pedido original del Ejecutivo. La ley promulgada al día siguiente autorizó al Gobierno a legislar durante 90 días calendario en 27 materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención, atención y respuesta frente al fenómeno El Niño.
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Un día después de la aprobación, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reconoció que el Gobierno necesitaría alrededor de diez días para emitir los primeros decretos legislativos. El premier cuestionó que el Congreso no aprobara todas las atribuciones solicitadas y aseguró que el Ejecutivo recurriría a otros mecanismos para sacar adelante las propuestas que quedaron fuera de la delegación.
"Esas pocas facultades las vamos a usar de manera efectiva y contundente para enfrentar los problemas del país. Sin embargo, se requieren alrededor de diez días para emitir los primeros decretos legislativos; una burocracia que buscábamos simplificar, y que no nos permitieron", declaró.
Galarreta también anunció que el Gobierno presentaría proyectos de ley con carácter prioritario y recurriría a decretos de urgencia para impulsar las medidas que no recibieron autorización del Parlamento. Entre las propuestas que mencionó estaban el acceso al primer empleo, la formalización laboral y la agilización de obras de saneamiento, agua potable y desagüe.
Sin embargo, los plazos anunciados cambiaron en los días posteriores. El 25 de octubre, el premier sostuvo que los primeros decretos legislativos estarían listos en un máximo de 20 días. Un día después, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, calculó que las normas empezarían a publicarse en dos o tres semanas.
Diputados cuestionan demora del Gobierno y recuerdan la urgencia que defendió el fujimorismo
Las explicaciones del Ejecutivo no convencieron a todos los integrantes de la Cámara de Diputados. Frank Krklec, de Renovación Popular, cuestionó que el Gobierno tampoco hubiera presentado proyectos de ley sobre otras materias que consideraba urgentes, como la reactivación económica y la formalización laboral. Según explicó, estas iniciativas podían ingresar al Parlamento para su evaluación, sin necesidad de esperar los decretos legislativos.
"Si es un tema tan urgente ya debieron haber tenido listos los decretos legislativos. Entonces esperamos que los publiquen pronto", manifestó. El diputado también recordó que el Ejecutivo tenía 90 días para ejercer las facultades, pero sostuvo que ese plazo no justificaba postergar las medidas que el propio Gobierno había presentado como prioritarias. Añadió que existían otros mecanismos, como los decretos de urgencia y los decretos supremos, que podían utilizarse dentro de las competencias del Ejecutivo.
Desde Juntos por el Perú, Ernesto Zunini cuestionó el trámite que siguió el pedido de facultades y consideró que el Gobierno utilizó el debate para presionar a la Cámara de Diputados. "Hasta ahora no hemos visto una iniciativa concreta de parte del Gobierno, eso es algo lamentable", afirmó. También criticó las decisiones adoptadas frente a la inseguridad ciudadana y mencionó los casos de extorsión y sicariato que continúan afectando a la población.
Su compañera de bancada, Catherine Palomino, cuestionó además los recursos destinados a atender las emergencias. La diputada sostuvo que el crédito suplementario tampoco contempló un monto considerable para enfrentar los problemas que el Ejecutivo presentó como prioritarios. Sobre la demora de las normas, consideró que no existía una justificación técnica suficiente y que el avance dependía de la voluntad política del Gobierno. "Ha pasado ya una semana y no le están dando prioridad", señaló.
Luis Quispe Candia, de Buen Gobierno, aportó otro cuestionamiento. Como presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, aseguró que su grupo de trabajo todavía no había recibido propuestas legislativas del Ejecutivo relacionadas con las materias de su competencia. También mencionó que no observaba iniciativas sobre seguridad ciudadana en las comisiones correspondientes. "Por parte del Ejecutivo no vemos un avance a pesar de que han presionado", señaló.
En Ahora Nación, César Holguín sostuvo que las medidas debieron prepararse desde que la Cámara de Diputados aprobó la primera parte de la delegación. "Si la urgencia era real, los decretos debieron trabajarse, por lo menos, desde que las facultades fueron aprobadas en la Cámara de Diputados", declaró. El legislador también cuestionó otras decisiones del Gobierno, como el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la compra de cazas mediante el crédito suplementario.
Sin embargo, las explicaciones de los representantes de Fuerza Popular fueron distintas. Jhonn Valqui justificó el tiempo que requiere el Ejecutivo por los procedimientos administrativos y sostuvo que el gasto público no puede ejecutarse de un día para otro. "No se puede gastar el tesoro público de la noche para la mañana", manifestó. El legislador aseguró que esperaba resultados en un periodo corto, pues la atención de la inseguridad y del fenómeno El Niño debía ser una prioridad inmediata.
Arturo Alegría, también de Fuerza Popular, defendió los plazos del Gobierno y explicó que los decretos legislativos deben pasar por el Consejo de Ministros antes de su aprobación. "Esto tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros. Y para que exista Consejo de Ministros tiene que haber una sesión del Consejo de Ministros donde se puedan aprobar cada uno de los decretos legislativos", sostuvo. Por ello, pidió paciencia y expresó su confianza en que las normas saldrían dentro del plazo correspondiente.
Desde Renovación Popular, Norma Yarrow recordó que su bancada había pedido celeridad al Ejecutivo, pero trasladó la responsabilidad de elaborar las normas al Gobierno. "Nosotros no vamos a ir a redactar las leyes", afirmó. La diputada también señaló que la ausencia de Keiko Fujimori por su viaje a El Salvador no debía paralizar la gestión, pues el presidente del Consejo de Ministros y el segundo vicepresidente podían asumir las responsabilidades correspondientes.
En una posición más favorable a los plazos del Ejecutivo, Andrea Medina, diputada de Obras, consideró que todavía era necesario esperar porque el Senado había culminado la aprobación de las facultades recién la última semana. "Yo creo que estamos dentro del plazo para empezar a ver los resultados y la operatividad del Gobierno. Es cuestión de esperar un poquito más", manifestó. Medina sostuvo que ya existía una agenda planteada por el Ejecutivo y que correspondía esperar a que comenzara su ejecución.
La legisladora también defendió el viaje de Fujimori a El Salvador y descartó que su ausencia implicara un abandono de sus responsabilidades. Según indicó, los ministros podían continuar con sus funciones mientras la presidenta cumplía con su agenda internacional. Además, consideró que la visita podía permitir al Gobierno conocer experiencias de seguridad aplicadas en ese país. Medina insistió en que la delegación fue resultado de un consenso entre bancadas y que, por ello, correspondía esperar la publicación de los decretos.
Andy Phillips Zevallos, politólogo, cuestiona la falta de medidas concretas del Gobierno
El politólogo Andy Zevallos señaló que el Gobierno generó expectativas al prometer que trabajaría desde el primer día en seguridad ciudadana y otros problemas urgentes. Por ello, consideró que debió presentar planes concretos antes de solicitar facultades al Congreso. También cuestionó que el pedido incluyera materias que excedían los dos ejes que el propio Ejecutivo había presentado como prioritarios: seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. "Hay una primera contradicción entre lo que ellos aseguran que es lo crítico y prioritario y lo que finalmente han enviado", sostuvo.
El especialista también criticó que el Ejecutivo no optara por presentar proyectos de ley específicos y que, en cambio, profundizara las diferencias con la Cámara de Diputados durante la discusión de las facultades. A ello sumó el viaje de Keiko Fujimori a El Salvador, que consideró una prioridad desacertada frente a las medidas pendientes. "Hay un enfoque de que importa más el parecer que el hacer", afirmó. Para Zevallos, la visita evidenció una gestión más enfocada en la exposición pública que en la formulación de políticas para atender los problemas del país.
Al ser consultado por las razones que podrían explicar el retraso, el politólogo descartó que existiera una justificación técnica o legal. "No encuentro una justificación", respondió. En su análisis, el problema era político y estaba relacionado con la ausencia de propuestas para llevar adelante las medidas anunciadas. "La razón de sentido común o de lógica es que no tienen ideas", concluyó.











































