IPYS alerta que proyecto que criminaliza difusión de información penal afectará investigaciones fiscales
El Instituto Prensa y Sociedad considera que la iniciativa del Ejecutivo buscaría impedir que se conozcan más aspectos sobre los exfuncionarios del Gobierno que estarían involucrados en presuntos casos de corrupción.
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El primer ministro, Aníbal Torres, anunció medidas en conferencia de prensa el último viernes 24 de junio. Foto: Composición de Fabrizio Oviedo/La República
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) alertó que un reciente proyecto de ley del Ejecutivo —que pretende criminalizar la difusión de información penal con hasta cuatro años de prisión— afectaría el desarrollo de las investigaciones fiscales. La medida en mención fue anunciada por el primer ministro, Aníbal Torres, el último viernes.
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Al respecto, la organización expresó que la iniciativa, a la que consideró inconstitucional, buscaría impedir que se conozcan más aspectos sobre los exfuncionarios del Gobierno de Pedro Castillo que estarían involucrados en presuntos casos de corrupción. No obstante, indicó que esperarán el documento del proyecto para pronunciarse con mayor precisión.
“IPYS sostiene que en esta oportunidad la intención del Gobierno afectaría todo tipo de investigaciones fiscales, lo que es, a todas luces, inconstitucional, y correspondería más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”, manifestó la entidad.
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Del mismo modo, el Instituto Prensa y Sociedad recordó el proyecto de ley que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso en febrero del 2022, el cual planteaba la posibilidad de que los periodistas puedan ser condenados por informar sobre testimonios de colaboradores eficaces ante el Ministerio Público.
En aquella oportunidad, señaló que ninguna investigación fiscal estableció responsabilidades por la violación de la reserva de procesos de colaboración eficaz pese a los cuestionamientos contra la referida figura.
“La reserva de las investigaciones no debería ser total, sino caso por caso, y no se deberían castigar las filtraciones ni siquiera las interesadas o parciales, sino aquellas que generen un daño demostrable a los objetivos del proceso o la seguridad de los investigados”, expresó el IPYS.
