Logro. Según la Fiscalía, cerca de diez mil mujeres habrían sido víctimas de ilegal campaña de control reproductivo entre 1995-2001 y ahora podrían exigir se les compense. Tres ministerios deberán presentar normas complementarias en 30 días., El gobierno dispuso la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas producidas entre los años 1995 al 2001, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. PUEDES LEER: Ollanta Humala sobre esterilizaciones forzadas: “Nos debe avergonzar como sociedad” La medida publicada ayer en el diario El Peruano busca identificar la cantidad real de personas que como parte de un programa de control reproductivo y planificación familiar fueron víctimas de ligadura de trompas y, en menor medida, de vasectomías sin su consentimiento. Según se detalla en la norma, las personas que figuren en el registro recibirán atención integral de salud, así como asistencia psicológica y acompañamiento social a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por lo mismo, en un lapso de treinta días, los ministerios que brindarán apoyo, como los de Salud, Justicia y Derechos Humanos deberán presentar normas complementarias. La disposición también señala que el sector Justicia está en la obligación de brindar apoyo legal a las personas que se consideren víctimas de las prácticas de esterilización forzada y que se encuentre en cualquier parte del país. Según la investigación del fiscal Marco Guzmán Vaca, más de 10 mil mujeres podrían hoy demandar la reparación; sin embargo, la cifra será definida con el registro. Ante esto, la abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, María Ysabel Cedano manifestó precisamente que este es un primer paso para respetar los derechos humanos, y agregó que todas las entidades que apoyan a las víctimas estarán vigilando que no sea utilizado en las campañas electorales. aplauden decisión El centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Reproductivos, Aprodeh, Cladem, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Grupo de Reparación a Víctimas de Esterilización Forzada (GREF) saludaron que el gobierno declare de interés nacional la atención de víctimas de esterilización y pidieron que se considere la participación de representantes de las víctimas de Huancabamba, Anta y Chumbivilcas. En tanto, Amnistía Internacional, que promovía la campaña "Contra su voluntad: un registro, miles de historias", saludó la norma por abrir la puerta al desarrollo de una política integral de reparaciones. "Luego de más de 18 años, el Estado peruano dicta medidas para reconocer que existieron víctimas de esterilizaciones forzadas en el marco de la política pública de planificación familiar que se implementó a finales de los años 90", dijeron. De otro lado, en el IV Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, los casos de las adolescentes de iniciales K.L y LC, al igual que la muerte de la campesina Mamérita Mestanza –todas fallecidas por la esterilización forzada– fueron las principales experiencias judiciales que los juristas de Colombia, Paraguay, Chile y Brasil tomaron como referencia para colocarlos en un marco legal a favor de la lucha por los derechos reproductivos de sus respectivas naciones. “Recogemos un acto de justicia social” "Lo que hacemos es recoger un acto de justicia social, construir un padrón que nos permita establecer cuántas mujeres fueron afectadas en sus derechos humanos de manera flagrante", resaltó el presidente Ollanta Humala. En tanto, el ministro de Justicia, Aldo Vásquez, dijo que su despacho asumirá un sistema de defensoría pública de los casos y el patrocinio para llegar junto con las víctimas a las instancias judiciales correspondientes. Agregó que su cartera comenzará a tratar los casos reportados ante el Ministerio Público para que esas personas puedan acceder a la justicia. Otros dos ministerios se encargarán del acompañamiento psicológico.
