Investigación a un grupo de 97 policías acusados de ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes empezó en enero de 2015, pero diversos obstáculos han impedido que la verdad se abra paso.,Las gravísimas acusaciones de la existencia de un escuadrón de la muerte dentro de la Policía Nacional están remeciendo a esta institución. Las víctimas serían 27 presuntos delincuentes, muertos entre 2011 y 2015; y los supuestos responsables, 97 policías. PUEDES VER: El escuadrón policial y sus protectores Ante las denuncias expuestas por La República y otros medios informativos, el nuevo ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha ofrecido el domingo efectuar una rápida investigación y brindar los primeros alcances en los próximos diez días. Los hechos denunciados Las muertes se produjeron en varios operativos policiales, entre aquellos cuatro años, en Lima, Chincha y Lambayeque. Cuerpos combinados de la policía dieron muerte a supuestos asaltantes y secuestradores, en supuestos enfrentamientos que, según las denuncias, habrían sido simulados. Los operativos se ejecutaron sin la presencia de un fiscal y mientras la Policía se afirmaba en su versión del enfrentamiento, los testigos refutaban que esta situación se haya producido, y las pericias respaldaban estos testimonios. Los acusados Los operativos supuestamente fueron liderados por el comandante Raúl Prado Ravines, quien forma parte de la lista de 17 oficiales y 80 suboficiales investigados por la Inspectoría de la Policía y la Fiscalía. También son investigados los coroneles Manuel Roncalla Durand, César Iturrizaga Cruzalegui, Carlos Cabrejos Becerra y Ricardo Guillén Balbín; así como los comandantes Raúl Prado Ravines, Ernesto Gonzales Gálvez, Marco Jara Urlich, Humberto Santillán Otiniano, Joel Valdivia Montoya y Juan Padilla Alvarado. En la lista se hallan también el mayor Jorge Green Guillén, los capitanes PNP Wilfredo Sullca Llamoca, Mario García Chávez y los tenientes PNP Luis Benavides Pardo y Carlos Rodríguez Sánchez. Estos oficiales pertenecen a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dirin), la División de Investigación de Robos, la Sub Unidad de Acciones Tácticas y (SUAT) y la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). Diario La República La investigación dentro de la PNP La denuncia por los supuestos asesinatos extrajudiciales de dieciocho presuntos delincuentes, fue presentada dentro de la Policía por el comandante Franco Moreno Panta, de la División de Investigación Criminal, y la recogió el 29 de enero de 2015 el general Alfredo Basilio, entonces director de Investigaciones de Inspectoría de la PNP. Tras dos semanas, se nombró una Comisión Especial, a cargo del coronel de la Policía Edgar Aybar. Esta comisión corroboró los indicios de que en las muertes había participado un mismo grupo de policías, con el apoyo de oficiales superiores. El titular de la Comisión derivó el expediente a la Fiscalía y solicitó que los generales implicados fueran investigados por el Tribunal de Disciplina Policial. Pero el 31 de agosto de 2015, este Tribunal decidió devolver el expediente a la Inspectoría, pues rechazó que el informe se basara en “probables responsabilidades de generales” y exigió, en cambio, más precisión y claridad. Fue en mayo de 2016 que el titular de la Comisión Especial, Edgar Aybar, preparó un proyecto de resolución para dar de baja a los 97 agentes implicados. En respuesta, el proyecto fue encarpetado y reemplazaron a Aybar por Belermino Vásquez, quien calificó la investigación de compleja y la congeló. La Fiscalía sin respuestas El fiscal José Ulloa Gavilano, de la 35 Fiscalía Provincial Penal, empezó el 29 de marzo de 2015 las pesquisas por 27 asesinatos extrajudiciales, pero encontró un gran obstáculo. Tras solicitar en reiteradas ocasiones a la Inspectoría de la Policía Nacional los expedientes de cuatro casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales, hasta ahora no encuentra respuesta. Su último pedido lo presentó el 21 de julio de 2016. La Inspectoría le comunicó al fiscal que la mayoría de los policías involucrados no se ha presentado a brindar su manifestación respecto a las acusaciones y a ello se debe que no hayan podido culminar las investigaciones. Muertes continuaron ante inacción En el verano de 2015, la Inspectoría General de la PNP recomendó a la alta Dirección de la Policía Nacional que el comandante Raúl Prado, el principal involucrado, junto a otros oficiales fueran apartados temporalmente del cargo, hasta que las investigaciones concluyan. Pero esto no sucedió. Tres meses después, el el 29 de junio de 2015, varios de estos agentes implicados participaron en la muerte de cinco presuntos delincuentes en la carretera Ramiro Prialé. Luis Laos García es el infortunado vendedor de cometas que recibió varios impactos de bala de los agentes de la SUAT y sobrevivió para contarlo. Según su relato, los policías lo confundieron con un delincuente y le dispararon sin importarles las súplicas que él hacía por su vida. El nuevo ministro En el transcurrir de los hechos denunciados, el director general de la Policía era el general Jorge Flores Goicochea, quien permaneció en el cargo de marzo de 2013 hasta fines de 2015. Por tanto, esta importantes denuncias debieron haber sido de su conocimiento y del último ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. No obstante, Pérez Guadalupe fue entrevistado hace pocos días en un medio televisivo y su respuesta fue insólita: dijo que recién se enteraba del tema. Con el cambio de Gobierno, la cartera del Interior cambió de titular. Carlos Basombrío, el actual ministro, dijo el domingo pasado que en diez días el Ministerio del Interior hará público un informe interno.
