Responden. Ministro de justicia, víctor garcía toma, dice que es a título personal. Aurelio Pastor, ex titular de Justicia, considera que proposición de premier Javier Velásquez Quesquén es imposible de aplicar. Nota relacionada Redacción. El ministro de Justicia, Víctor García Toma, aclaró que la propuesta del premier Javier Velásquez Quesquén para que el Estado peruano se reserve el pago de indemnizaciones para terroristas con fallos favorables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es a título personal. Sin embargo, García Toma señaló que, a pesar de no ser una propuesta oficial, será evaluada en el Ejecutivo. “Es una propuesta personal que debe entenderse como la intención de seguir mejorando en nuestra decisión de combatir férreamente al terrorismo”, afirmó. Pero no solo el actual ministro de Justicia ha tomado distancia de la proposición de Velásquez Quesquén. Su antecesor y compañero de partido Aurelio Pastor se mostró en desacuerdo con que el Estado peruano denuncie parcialmente la competencia de la Corte, pues consideró que esa medida no es legalmente posible. Pastor indicó que las reservas se establecen en el momento que se acepta el tratado y no después de firmarlo. El ex ministro de Justicia consideró que en lugar de plantear esa propuesta, el gobierno debería hacer más sólida la defensa de nuestro país en la CIDH a fin de que se defiendan adecuadamente los derechos de nuestro país. Por su parte, el magistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez dijo que es imposible dejar de cumplir u observar las sentencias de la Corte Interamericana pues dicho proceso está incorporado en nuestra Constitución al suscribir la Convención Americana. “Es extemporáneo incumplir o pretender observar o, peor aún, anunciar que se va a dilatar el pago de estas indemnizaciones. Justas o no, son legítimas dentro del orden jurídico interamericano y nacional. Sobre eso no hay más que alegar”, explicó. En tal sentido, manifestó que las sentencias de los casos en que el Estado ha perdido o se allanó son de inevitable cumplimiento. “El sistema de derechos humanos es muy claro y transparente. Es de obligatorio cumplimiento, pero otorga en su debido momento diversos instrumentos al Estado para que construya una estrategia de defensa, pero el Estado peruano no lo ha hecho”, explicó. Álvarez hizo un llamado para que el Estado fortalezca su defensa en esa instancia internacional. “Más bien, que esto sea un llamado de atención para que el Estado implemente un verdadero sistema de procuraduría, tanto en San José como en Washington”, agregó. Datos Insuficiente. El Perú tiene alrededor de 300 casos en el sistema interamericano de derechos humanos. A pesar de ello, nuestro país solo cuenta con cinco abogados y la Procuraduría encargada posee un presupuesto de 21 mil dólares mensuales. Otros casos. Países como Colombia, que tiene menos casos en el sistema, cuentan con un presupuesto de 41 millones de dólares anuales y un equipo de 71 personas. “No se pagará a Castillo Petruzzi” El ministro Víctor García Toma anunció que su despacho presentará un informe al ministerio de Economía sobre los montos de las reparaciones económicas que ha ordenado la CIDH en diversas sentencias contra el Estado peruano. En dicho informe se detallará quiénes son las personas a las que se les debe el pago total o parcial de reparaciones. El titular de Justicia adelantó que este gobierno no pagará la indemnización que la CIDH ha ordenado a favor del sentenciado por terrorismo Jaime Castillo Petruzzi. Por su parte, el ministro del Interior, Octavio Salazar, se mostró de acuerdo con la propuesta del premier Javier Velásquez Quesquén respecto a las sentencias de la CIDH y anunció que “en las próximas horas” el gobierno tomará una decisión al respecto.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024