Prófugo Alvaro Artaza debe responder por 114 víctimas

Textual APRA debe aclarar autosecuestro Una investigación para determinar la responsabilidad política del ex presidente Alan García Pérez por no haber aclarado el sospechoso secuestro de Alvaro Artaza Adrianzén el dos de febrero de 1986, justo cuando el marino debía someterse a la justicia común por la desaparición del periodista Jaime Ayala Sulca, reclamó el legislador Heriberto Benítez Rivas (FIM). También demandó que las indagaciones se incluya al alto mando de la Marina que rápidamente gestionó ante las autoridades la declaratoria de "muerte presunta" del "Comandante Camión", que tenía evidente propósito de encubrir al oficial a quien se atribuye horrendos crímenes realizados cuando se desempeñó como jefe de la base de Huanta y La Mar. "Si ese secuestro fue montado, preparado o armado, habría que ver la competencia de los mandos de la Marina que permitieron el encubrimiento de un responsable de graves delitos, así como la responsabilidad política de las autoridades que no hicieron nada para que pueda efectuarse una investigación", dijo Benítez. "Además, hay que ver hasta qué punto el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, es decir Alan García, estuvo comprometido en el caso", señaló. El capitán de corbeta AP (r) Alvaro Artaza Adrianzén debe responder por el asesinato de 57 personas, entre las que figuran el corresponsal de La República Jaime Ayala Sulca, seis evangélicos de Callqui y las 50 víctimas halladas en las fosas de Pucayacu, según las conclusiones del informe entregado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al Ministerio Público. Dicho informe también lo responsabiliza de la desaparición de otras 57 personas detenidas y maltratadas en el Estadio Municipal de Huanta. En su calidad de jefe de Destacamento de Infantería de Marina de Huanta y La Mar, el "Comandante Camión" es uno de los principales responsables del secuestro, desaparición y ejecución de un total de 114 personas detenidas por las fuerzas del orden en la provincia de Huanta entre julio y agosto de 1984. El informe de la CVR incluye el relato de decenas de pobladores que fueron testigos de las detenciones; de miembros de las rondas campesinas que sirvieron de guías de los marinos; así como de un ex infante de Marina destacado en Huanta en 1984. Todos detallan la forma en que actuaban los efectivos navales. Varios de los testimonios confirman las acusaciones que responsabilizan al "Comandante Camión" de aplicar una política contrasubversiva que representaba violaciones a los derechos humanos. NO RESPETABA NADA En el caso de la masacre de seis evangélicos de la comunidad de Callqui, ocurrida el primero de agosto de 1984, la CVR acusa a Artaza Adrianzén no como autor directo pero sí como autor intelectual del hecho, al haber promovido que el personal bajo su cargo lleve a cabo ejecuciones extrajudiciales como parte de las acciones de lucha antisubversiva. En el informe se explica que los infantes de Marina destacados en Huanta actuaban dentro de un aparato de poder organizado, es decir, los miembros de la patrulla que ejecutó a los pobladores de Callqui lo hicieron por orden de sus superiores. A "Camión" se le atribuyó haber diseñado una política contrasubversiva basada en acciones fuera de la ley, lo que explica la matanza de los evangélicos. La CVR también recogió las declaraciones de cinco personas, cuyas identidades guarda en reserva, que confirmaron que Artaza Adrianzén no sólo ordenó la detención del corresponsal de La República, sino que participó en las torturas que le infligieron en el interior del estadio de Huanta. ENEMIGO DE LA PRENSA Los testigos señalan que "Camión" consideraba como enemigo a Ayala Sulca debido a sus reportes periodísticos sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden. La CVR estableció que Artaza Adrianzén decidió eliminar a Ayala para evitar así que el periodista lo denuncie por maltrato, tarea criminal que encargó a uno de sus suboficiales. Por todo ello, la CVR consideró que existían indicios suficientes para afirmar que Jaime Ayala fue asesinado en la Base de la Infantería de Marina instalada en el Estadio Municipal de Huanta. Además, los comisionados encontraron elementos suficientes que demuestran que, entre julio y agosto de 1984, al menos 57 pobladores de distintas comunidades de la provincia de Huanta fueron detenidos por efectivos policiales y de Infantería de Marina, fueron conducidos al Estadio Municipal de esa ciudad y luego no se sabría nada de ellos. Los testimonios recogidos permiten determinar que el estadio, que funcionaba con la autorización de Artaza Adrianzén, fue un centro de detención y tortura clandestina a donde eran trasladadas las personas acusadas de subversión. Un testigo que durante un tiempo fue guía de los efectivos de Marina, declaró que en una oportunidad observó que al interior del estadio habían sacos negros que contenían personas que se quejaban y se movían. Detalló que el "Comandante Camión" estuvo presente en esa oportunidad, e incluso amenazó con introducirlo a él también dentro de un costal si alguna vez lo traicionaba. El carnicero de Pucayacu Otro de los crímenes que la CVR imputa a Alvaro Artaza Adrianzén es la ejecución de las 50 personas cuyos cadáveres fueron hallados en las localidad de Pucayacu, a tan sólo una hora de Huanta. Las condiciones en las que se encontraron los cuerpos (desnudos, atados y 35 con heridas de bala en la cabeza y cuello) descarta que -tal como afirmó en un inicio el Comando Conjunto- la fosa fuera parte de un cementerio clandestino donde los subversivos enterraban a sus compañeros muertos durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Un ex infante de Marina declaró en forma reservada ante la CVR la forma en que los marinos enterraban a los "terrucos", que coincide con la manera en que fueron hallados los cuerpos en Pucayacu. Otros culpables sin sancionar La CVR recomendó denunciar penalmente a tres oficiales de la Marina y dos técnicos que estuvieron destacados en Huanta, en 1984. Los efectivos fueron incluidos porque, debido al cargo que en 1984 ocuparon, tenían que estar informados de las detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en el Estadio de Huanta, donde la Infantería de Marina tenía su puesto de comando. Ellos son: * Capitán de fragata Alberto Rivero Valdeavellano, jefe político Militar de Huanta y La Mar * Teniente Primero Augusto Gabilondo García del Barco, jefe de la Base Contrasubversiva de Huanta * Teniente Segundo Luis Alberto Celis Checa, jefe de la patrulla que realizó un operativo en la Comunidad de Callqui el 1 de agosto de 1984, en el que fueron ejecutados extrajudicialmente seis evangélicos. Además, los suboficiales: * Román Martínez Heredia, por el secuestro de Jaime Ayala Sulca * Segundo Villena Vinces y Juan Vidal Sánchez, por haber participado en el secuestro y asesinato de 57 pobladores de Huanta.

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