La "reforma del Estado" en los años de Fujimori (II)

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Por Humberto Campodónico

Humberto Campodónico

La segunda ventana de oportunidad para la reforma de la administración pública –que no es lo mismo que "reforma del Estado"– comenzó en 1995. Algunos ministros pidieron facultades excepcionales para reorganizar sus ministerios porque estos no funcionaban bien, mientras que las entidades autónomas (Sunat, CONASEV, Sunarp, Foncodes, Pronamachcs, Foptur) sí lo hacían.

Dice Juan Carlos Cortázar (1) que esto derivó en un pedido de facultades al Congreso para la modernización integral del Poder Ejecutivo, lo que fue concedido "porque la mayoría oficialista accedía a lo que pedía el gobierno" (p. 67). En julio se dio la Ley Marco de Modernización de la Administración Pública (DL 834), que creó el Programa de Modernización de la Administración Pública (PMAP).

El BID apoyó la reforma y, con su auspicio, la PCM contrató a un grupo de consultores. En setiembre "presentaron el 'Diagnóstico normativo-institucional del Poder Ejecutivo', que identificaba como problema central el desorden organizativo debido a la existencia de estructuras paralelas dentro de los ministerios (proyectos especiales, programas de cooperación externa, OPDs, etc.), la extendida superposición de funciones entre distintas entidades (...) y la inflexibilidad del régimen laboral" (p. 67).

Leonie Roca asumió la Secretaría Ejecutiva del PMAP y convocó a Pierina Pollarolo y Rosa María Palacios. Se decidió que "las comisiones de modernización de cada ministerio (donde había gran resistencia al cambio) estarían estrechamente vinculadas a la PCM mediante consultores y que las propuestas de reorganización serían evaluadas y reformuladas por la PCM antes de pasar al Consejo de Ministros" (p. 69).

Dice Cortázar: "los miembros del PMAP compartían una situación ambigua, pues eran consultores contratados con fondos de la cooperación internacional (...). Así, paradójicamente, el PMAP hizo uso de mecanismos que formaban parte del problema de desorden organizativo que se proponía combatir" (p. 71).

El equipo "trabajó varios proyectos de ley (Adquisiciones del Estado, Código de Ética Régimen Laboral) de manera reservada –casi secreta–. No se implementó ningún mecanismo de consulta/discusión con académicos, expertos o políticos. En parte, la falta de interés en el debate era resultado de la voluntad por llegar a consensos rápidamente dentro del gabinete y así aprobar los proyectos antes de fin de año" (p. 76).

El proceso comenzó a trabarse por el rechazo que provocó la "Ley de interpretación auténtica" (agosto) para la re-reelección de Fujimori. Además, "el ministro Camet cometió el desliz de decir, delante del diputado Olivera, que se despedirían a 200,000 empleados públicos, lo que sería financiado por el BID" (p. 77). En octubre, "La República –de abierta oposición al régimen– inició una campaña recogiendo las denuncias de Olivera".

En este contexto, "el equipo estaba en una situación difícil, pues el gobierno se negaba tácitamente a tomar decisiones, tanto sobre el PMAP como sobre el préstamo del BID. El equipo no tenía acceso directo al presidente. Tampoco podía promover que actores externos al gobierno lo presionaran, ya que el carácter semi clandestino de elaboración de propuestas había impedido la formación de coaliciones que las promovieran" (p. 80).

En diciembre, las propuestas se llevaron al Consejo de Ministros, antes de que vencieran las facultades. Pero la coyuntura no estaba para despidos y hubo fuerte resistencia. La discusión "fue zanjada por Fujimori, quien sostuvo que la situación de la administración pública no era tan grave como para requerir medidas tan drásticas" (p. 81). Esto motivó la renuncia del equipo del PMAP, con lo cual se cerró la "segunda ventana de oportunidad". 11 años después se ha abierto la tercera ventana, con este gobierno.


(1) Oportunidades y limitaciones para la Reforma del Estado en el Perú de los 90, PUCP, con el apoyo del CIES, 2002.

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