El retorno de los bárbaros

El retorno de los bárbaros, Carlos Castro. Subdirector. El fallo de la Corte Interamericana sobre la matanza de 41 internos en el penal de Castro Castro -en su mayoría senderistas, pero todos acusados de terrorismo- se convirtió esta semana en uno de los temas centrales de debate en el país. Y, como en el caso de las ONGs, ahora esos mismos sectores de la ultraderecha –prensa y políticos– sienten que es su nueva oportunidad para pasar los cuchillos largos. Una semana también en la cual se han dicho tantas barbaridades juntas que hasta Javier Valle Riestra, senador aprista, ha tenido que decirle al presidente Alan García que su propuesta de enjuiciar a Sendero para lograr una indemnización de 5 mil millones de soles "es un absurdo", es decir, algo "para las galerías", y que "no deben malograr una posición peruana con desplantes demagógicos que son para impresionar". En 1992, entre el 6 y 9 de mayo, 600 policías y 156 efectivos militares tomaron a sangre y fuego los pabellones 4-B y 1-A del penal Castro Castro, como parte de la operación "Mudanza 1" para trasladar a los presos senderistas y a otros –acusados también por terrorismo–. El operativo fue planeado y ordenado por Alberto Fujimori poco después de haber clausurado el Congreso de la República. Es obvio que intentaba dar al país una imagen de dureza, sin importar los costos sociales, ni la vida humana, como lo confirmaría después. Se usaron armas de guerra, mientras que los internos, según testimonios de algunos policías, nunca estuvieron armados. Al final 41 de los acusados por terrorismo fueron ejecutados extrajudicialmente. El 3 de febrero de 2004 la Sala Nacional para Terrorismo de la Suprema señala que "los internos de los pabellones 1A y 4 B no se encontraban amotinados, ni llevando a cabo un acto de fuerza alguna que hubiera justificado una intervención de la fuerza pública de las características de Mudanza I". La Comisión de la Verdad-Informe Final abordó el caso de Castro Castro. En sus páginas, los sobrevivientes narran cómo fue la masacre, y cómo de uno en uno los internos fueron ejecutados. "No se advirtió –dice la CVR– al personal policial sobre el respeto irrestricto por la vida" y tampoco "se buscó una solución negociada" ni se permitió la participación de la Cruz Roja Internacional, de la Comisión Interamericana de DDHH, de la Comisión Episcopal o de la CNDDHH. Sendero fue una organización política criminal que en la locura de su líder y de sus cabecillas aplicaron el terror y el asesinato contra miles de hombres, mujeres y hasta niños para su llamada "conquista del poder". Fue la barbarie de este siglo que asoló el Perú por varios años. Como Pol Pot, anunciaba un nuevo Estado, levantado en un cementerio regado de cadáveres. Ayer, aliados del narcotráfico, y hoy, los rezagos que quedan, sicarios del narcotráfico en la selva. Pero esta barbarie de SL no justifica la ejecución extrajudicial, por el Estado, de 41 acusados por terrorismo. Y esto es algo sobre lo cual casi nadie ha dicho nada. Los nuevos bárbaros de la ultraderecha y de los diarios vinculados a la moribunda mafia de Fujimori han llegado al paroxismo y han pedido mandar a la cárcel a aquellos que, según afirman, han entregado el Estado Peruano a la Corte de San José. Faltan a la verdad quienes afirman que el fallo de la Corte de San José sobre Castro Castro ha ordenado rendir homenaje a los terroristas. Lo que pide al Estado peruano en el numeral 12 de sus "puntos resolutivos" es "realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en esta sentencia en desagravio (Desagraviar: 1. Borrar o reparar el agravio hecho, dando al ofendido satisfacción cumplida. 2. Resarcir o compensar el perjuicio causado. Real Academia Española) a las víctimas y para satisfacción de sus familiares...". Todo peruano está en su derecho de criticar esta u otra resolución de la Corte, pero no mentir al país, y sobre la mentira, construir una campaña de calumnia y difamación. Recurso que asquea y que hoy se va tornando cotidiano, como en los tiempos de Montesinos. La resolución –numeral 12– resulta además coherente si se toma en cuenta que el Estado peruano asumió la "responsabilidad parcial (algo que no dice esa prensa) en las violaciones al derecho a la vida, integridad física..." en la matanza de Castro Castro, según sesión del 26-27 de junio de la Corte, en El Salvador. ¿Hizo mal el Estado peruano al asumir esta responsabilidad? No. Es lo que corresponde a un estado democrático. El Estado está para defender la vida de sus miembros, no para ejecutarlos. A la barbarie que significó Sendero no le se puede responder con la barbarie del Estado. Ni el presidente García, ni los ministros, ni los dirigentes del Apra, menos la derecha por supuesto, han hablado hasta ahora del fondo de la sentencia. Y lo central es que 41 internos acusados de terrorismo fueron ejecutados. Sobre eso el jefe de un Estado democrático no puede guardar silencio. Puede, como presidente, pedir la interpretación de la resolución de la Corte por lo que considere cuestionable, pero se cometió un crimen, y todo crimen implica una reparación. No se trata de demoler, como han sugerido los bárbaros de hoy, ‘El Ojo que llora’, al que en su insania llaman "Monumento a los terroristas". No dicen que es un símbolo en nombre de todas las víctimas de la violencia, y eso incluye a policías y militares. No dicen que la Policía ha realizado en ese mismo escenario homenaje a sus desaparecidos. Es como decir –afirma Salomón Lerner– que "el monumento del holocausto de Berlín es un homenaje al nazismo". El Perú está en su derecho de pedir una explicación de la sentencia, pero como estado miembro deberá acatarla. Salir de la Corte, como sugieren algunos dirigentes apristas, entre ellos Javier Velásquez Quesquén, y su aliado Rafael Rey, es, para decirlo en las palabras del actual premier Jorge del Castillo –dichas en el Congreso, en junio de 1999, cuando los fujimoristas promovieron curiosamente el mismo camino que hoy sugiere el vocero de la bancada PAP–, convertir al gobierno aprista en "contumaz ante la jurisdicción supranacional". Y, claro, más de un lector tiene el derecho a preguntarse si en el fondo de todo, en lo más oscuro de la propuesta de Velásquez, no hay una mano negra que busca –con el retiro de la Corte– favorecer a Fujimori (en los delitos de lesa humanidad, hace poco emitió su fallo internacional sobre el crimen de La Cantuta) y de paso a García y su vicepresidente Giampietri cuando llegue el momento de la resolución sobre El Frontón. Ahí lo dejamos. Carlos Castro. Subdirector. El fallo de la Corte Interamericana sobre la matanza de 41 internos en el penal de Castro Castro -en su mayoría senderistas, pero todos acusados de terrorismo- se convirtió esta semana en uno de los temas centrales de debate en el país. Y, como en el caso de las ONGs, ahora esos mismos sectores de la ultraderecha –prensa y políticos– sienten que es su nueva oportunidad para pasar los cuchillos largos. Una semana también en la cual se han dicho tantas barbaridades juntas que hasta Javier Valle Riestra, senador aprista, ha tenido que decirle al presidente Alan García que su propuesta de enjuiciar a Sendero para lograr una indemnización de 5 mil millones de soles "es un absurdo", es decir, algo "para las galerías", y que "no deben malograr una posición peruana con desplantes demagógicos que son para impresionar". En 1992, entre el 6 y 9 de mayo, 600 policías y 156 efectivos militares tomaron a sangre y fuego los pabellones 4-B y 1-A del penal Castro Castro, como parte de la operación "Mudanza 1" para trasladar a los presos senderistas y a otros –acusados también por terrorismo–. El operativo fue planeado y ordenado por Alberto Fujimori poco después de haber clausurado el Congreso de la República. Es obvio que intentaba dar al país una imagen de dureza, sin importar los costos sociales, ni la vida humana, como lo confirmaría después. Se usaron armas de guerra, mientras que los internos, según testimonios de algunos policías, nunca estuvieron armados. Al final 41 de los acusados por terrorismo fueron ejecutados extrajudicialmente. El 3 de febrero de 2004 la Sala Nacional para Terrorismo de la Suprema señala que "los internos de los pabellones 1A y 4 B no se encontraban amotinados, ni llevando a cabo un acto de fuerza alguna que hubiera justificado una intervención de la fuerza pública de las características de Mudanza I". La Comisión de la Verdad-Informe Final abordó el caso de Castro Castro. En sus páginas, los sobrevivientes narran cómo fue la masacre, y cómo de uno en uno los internos fueron ejecutados. "No se advirtió –dice la CVR– al personal policial sobre el respeto irrestricto por la vida" y tampoco "se buscó una solución negociada" ni se permitió la participación de la Cruz Roja Internacional, de la Comisión Interamericana de DDHH, de la Comisión Episcopal o de la CNDDHH. Sendero fue una organización política criminal que en la locura de su líder y de sus cabecillas aplicaron el terror y el asesinato contra miles de hombres, mujeres y hasta niños para su llamada "conquista del poder". Fue la barbarie de este siglo que asoló el Perú por varios años. Como Pol Pot, anunciaba un nuevo Estado, levantado en un cementerio regado de cadáveres. Ayer, aliados del narcotráfico, y hoy, los rezagos que quedan, sicarios del narcotráfico en la selva. Pero esta barbarie de SL no justifica la ejecución extrajudicial, por el Estado, de 41 acusados por terrorismo. Y esto es algo sobre lo cual casi nadie ha dicho nada. Los nuevos bárbaros de la ultraderecha y de los diarios vinculados a la moribunda mafia de Fujimori han llegado al paroxismo y han pedido mandar a la cárcel a aquellos que, según afirman, han entregado el Estado Peruano a la Corte de San José. Faltan a la verdad quienes afirman que el fallo de la Corte de San José sobre Castro Castro ha ordenado rendir homenaje a los terroristas. Lo que pide al Estado peruano en el numeral 12 de sus "puntos resolutivos" es "realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en esta sentencia en desagravio (Desagraviar: 1. Borrar o reparar el agravio hecho, dando al ofendido satisfacción cumplida. 2. Resarcir o compensar el perjuicio causado. Real Academia Española) a las víctimas y para satisfacción de sus familiares...". Todo peruano está en su derecho de criticar esta u otra resolución de la Corte, pero no mentir al país, y sobre la mentira, construir una campaña de calumnia y difamación. Recurso que asquea y que hoy se va tornando cotidiano, como en los tiempos de Montesinos. 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Puede, como presidente, pedir la interpretación de la resolución de la Corte por lo que considere cuestionable, pero se cometió un crimen, y todo crimen implica una reparación. No se trata de demoler, como han sugerido los bárbaros de hoy, ‘El Ojo que llora’, al que en su insania llaman "Monumento a los terroristas". No dicen que es un símbolo en nombre de todas las víctimas de la violencia, y eso incluye a policías y militares. No dicen que la Policía ha realizado en ese mismo escenario homenaje a sus desaparecidos. Es como decir –afirma Salomón Lerner– que "el monumento del holocausto de Berlín es un homenaje al nazismo". El Perú está en su derecho de pedir una explicación de la sentencia, pero como estado miembro deberá acatarla. 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