Tomás Gálvez sobre interrogatorio de Rafael Belaúnde a detenidos en Trujillo: "No es pertinente"
El fiscal de la Nación remarcó que la conversación del ministro de Defensa con los capturados por el crimen de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero no tiene validez procesal, aunque descartó que configure un delito.
La República en GoogleEl fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, cuestionó el interrogatorio que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, realizó a los detenidos por el presunto asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero en Trujillo. En diálogo con Exitosa, el fiscal fue tajante: "no es pertinente, definitivamente, porque se puede entorpecer la propia secuela" de la investigación.
Gálvez explicó que existen dos momentos distintos en este tipo de casos. Uno es la declaración formal, donde el fiscal dirige la diligencia e interroga junto al policía instructor. El otro es la entrevista previa, de carácter informal, en la que el representante del Ministerio Público no está obligado a estar presente. Fue justamente en ese segundo escenario donde se produjo el episodio con Belaúnde.
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El fiscal de la Nación aclaró que no encuentra responsabilidad penal en la conducta del ministro. "No veo que configure delito, sea o propiamente ilegal", indicó, al referirse a la posibilidad de que una autoridad, en este caso un ministro, interrogue a los detenidos en presencia del comandante general o del instructor a cargo de la investigación.
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Sin embargo, Gálvez fue enfático en un punto: esa conversación carece de todo valor dentro del proceso. "Eso no tiene ningún valor y además puede perturbar la propia secuela de la investigación", advirtió. Con esta declaración, el titular del Ministerio Público dejó en evidencia una contradicción de fondo: el hecho no sería ilegal, pero tampoco debió ocurrir, y lo obtenido no sirve como prueba.
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La postura del fiscal llega en un momento de alta exposición para el caso de Trujillo, uno de los crímenes que más atención mediática ha generado en las últimas semanas por la magnitud del hecho: cuatro personas asesinadas y un empresario minero secuestrado. El pronunciamiento de Gálvez pone sobre la mesa un debate sobre los límites de la actuación de las autoridades políticas frente a investigaciones en curso.
El fiscal insistió en que la irregularidad no está en la presencia del ministro junto a los detenidos, sino en la naturaleza informal del encuentro. Según explicó, cualquier diligencia que busque tener valor probatorio requiere la conducción del Ministerio Público. Sin ese requisito, lo dicho por los capturados durante ese momento queda fuera del expediente.
