Las medidas cautelares del juez Varillas Solano trascienden las fronteras nacionales

Las medidas cautelares del juez titular del Séptimo Juzgado Civil de Derechos Comercial, Juan Varillas Solano han trascendido las fronteras nacionales a la fuerza. El 12 de enero del año 2022 emitió una medida cautelar a favor de empresas de Colombia y Ecuador contra la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para evitar que se cobre una carta fianza por más de 18 millones de dólares, en un litigio que se tramitaba en el Tribunal de Justicia del acuerdo de Cartagena.

Integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, la CAN tiene su sede en Lima y el avalista también, lo que le permitió al magistrado inmiscuirse en un litigio transfronterizo, en el que la jurisdicción peruana nada tenía que ver. El objetivo de la demanda, como reconocieron en las audiencias los abogados de las empresas involucradas, era ganar tiempo.

La secretaria general de la Comisión Andina de Naciones reclamó ante las autoridades peruanas y requirió al juez que "se abstenga de emitir pronunciamiento sobre asuntos que no son de su competencia y que son propios del derecho comunitario andino", conforme consta en el proceso 01-AN-2021, de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, al apoyar una conducta desleal del litigante Grupo Kimberly, en un tema que no competía a la jurisdicción peruana.

¿Qué es lo que había pasado? El 25 de noviembre de 2021, las empresas del Grupo Kimberly demandaron ante el Tribunal de Justicia de la CAN a la secretaria general de la Comunidad Andina por una multa sobre prácticas anticompetitivas en Ecuador y Colombia. En 2014, Kimberly-Clark Ecuador se acogió a un programa de clemencia ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado de Ecuador reconociendo una concertación de precios en dicho país.

Luego, esa información fue compartida con el Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia de la Secretaría General de la CAN pues dicha concertación había sido planificada y orquestada desde Colombia, a través de Kimberly-Clark Colombia, por lo que les impusieron una multa de más de 17 millones de dólares. La empresa ecuatoriana reclamó que esa información no debió ser compartida con otros países o instituciones.

El Grupo Kimberly recurrió al Tribunal de Justicia de la CAN para anular las multas. El referido tribunal accedió a estudiar el caso, suspendió el pago de la multa y les pidió una contracautela equivalente. El juez peruano, podríamos suponer de acuerdo a su perfil litigioso, les habría pedido 17 mil soles o menos, la CAN decidió una suma que compensara el riesgo.

El grupo empresarial accedió al pedido de la CAN, por lo cual Kimberly Colpapel S. A. emitió una carta fianza en el banco Guayaquil, afianzada por Liberty Seguros, a favor de la Comunidad Andina por US$18.344.916,00, puesto que lo que se requería suspender era una multa por 17 millones de dólares.

Para el año 2022, al ser evidente que las empresas no podían probar sus argumentos, el tribunal de la CAN empezó a solicitar que se pague la multa o se ejecute la carta fianza. Allí apareció el juez peruano. De acuerdo con los expedientes de la CAN, el juez Varillas habría ordenado al Banco de Guayaquil abstenerse de ejecutar la carta fianza. Para el juez que pone fianzas ínfimas, debe haberle parecido un abuso que se imponga una garantía superior al monto en reclamo.

La acción del juez provocó la intervención de las autoridades peruanas. La secretaria general y el Tribunal de la CAN le exigieron no intervenir. Durante las diligencias del caso, los abogados de Kimberly reconocieron que no estaban dispuestos a pagar y que habían recurrido a todas las medidas legales posibles para no hacerlo. Recurrir a un juez peruano era una de ellas. Triste papel el de la judicatura peruana, que es avalada por las máximas instancias del Poder Judicial. Nadie quiere ver lo evidente.

A partir de la confesión en Ecuador, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un procedimiento administrativo sancionador contra Kimberly-Clark Perú (productos Suave) y Productos Tissue del Perú (Elite), por un presunto acuerdo para la fijación concertada de precios y condiciones comerciales en el mercado de papel higiénico y otros productos de papel en nuestro país.