ONU recuerda al Estado peruano informar sobre garantías para brindar un juicio justo a Pedro Castillo
El Gobierno debió informar sobre ello el 24 de marzo de este año, sin embargo, no lo hizo. La nueva fecha es el 24 de septiembre. También deberá precisar sobre medidas concretas para evitar el uso de la fuerza en manifestaciones, garantizar el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a un juicio justo y los derechos de las minorías y de las comunidades indígenas.
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El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas envió un recordatorio oficial al Gobierno de Perú para que presente un informe detallado sobre qué medidas concretas tomó para garantizar el respeto de los derechos humanos en contextos de manifestaciones sociales, juicios y minorías, lo cual incluye el caso Pedro Castillo.
El Gobierno de Perú debió presentar dicho informe el 24 de marzo de 2026, sin embargo, no lo hizo. En vista de ello, el Comité inició el protocolo de recordatorio y puso como nueva fecha límite es el 24 de septiembre del 2026.
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Fue en marzo de 2023 cuando se realizó el requerimiento y, durante el 137.º período de sesiones del Comité, se evaluó el sexto informe periódico de Perú.
Se dispuso una serie de recomendaciones para evitar el uso de la fuerza en manifestaciones, garantizar el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a un juicio justo y los derechos de las minorías y de las comunidades indígenas.
Comité de la ONU pide medidas concretas
Ahora, el Comité busca conocer cuáles son las medidas concretas que el Perú ha tomado siguiendo esas recomendaciones.
En su misiva, el Relator Especial solicitó al Gobierno peruano que evite reiterar datos o argumentos previamente entregados y se concentre exclusivamente en las medidas concretas adoptadas desde marzo de 2023 para implementar las recomendaciones.
Asimismo, se estableció que el informe de respuesta no deberá exceder las tres 3.500 palabras.
Caso Pedro Castillo
En el ámbito derecho a participar en los asuntos públicos y a un juicio imparcial, el Comité mencionó explícitamente el caso Pedro Castillo.
Al respecto, resaltaron su preocupación por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022 y que generó un clima de polarización en el país.
En se sentido, mencionaron que el Estado debe “velar por que el proceso de vacancia presidencial siempre se lleve a cabo de plena conformidad con los principios básicos del debido proceso y juicio justo, y con pleno respeto del artículo 25 del Pacto, si ello fuera necesario mediante la correspondiente reforma legislativa, incluso constitucional, de forma que se garantice un adecuado sistema de contrapoderes entre los diversos poderes del Estado”.
A su vez, debe “garantizar que el proceso penal seguido contra Pedro Castillo, actualmente en prisión provisional, se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo, tal como se reconocen en el artículo 14del Pacto”.
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