Congreso dominado por Fuerza Popular deja terreno fértil para un próximo gobierno de mano dura

Este 12 de junio, el Congreso aprobó una nueva ley procrimen —y prorepresión—. Con votos del fujimorismo y sus satélites, el Parlamento dio el primer 'check' para aprobar una norma que establece que, si un efectivo policial o militar enfrenta un proceso en el fuero militar-policial, ningún fiscal ni juez ordinario podrá abrirle otro proceso paralelo por los mismos hechos.

Pese a que esta sesión debía ser la última de este Parlamento, los congresistas decidieron ampliar el periodo legislativo hasta el 24 de junio. A todas luces, esto tiene como objetivo aprobar en segunda votación esta ley.

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La realidad muestra un escenario claro: esta norma forma parte de una tendencia legislativa impulsada por sectores del Congreso que buscan ampliar las protecciones legales para policías y militares frente a investigaciones derivadas del uso de la fuerza. El accionar es sistemático: esta iniciativa no es la única que sigue esta línea.

Ante el eventual nuevo gobierno de Keiko Fujimori, la situación escalaría hacia manifestaciones en su contra. Fuerza Popular llega al poder sin superar el 50% de los votos a nivel nacional. De acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Fujimori cuenta con un rechazo del 37%. Esto, sumado a un escenario de alta polarización, podría convertirse en un caldo de cultivo para que las protestas ciudadanas formen parte de los primeros años de un nuevo gobierno fujimorista. Con las leyes de por medio, la reacción podría agudizar la situación política y social del país.

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Un antecedente más de por medio

Antes de que se aprobara en primera votación el proyecto que plantea que los policías sean juzgados fuera de los juzgados comunes, la Ley 32181 ya era una realidad.

Aprobada a finales de 2024 bajo el argumento de que “refuerza la presunción de inocencia”, la ley establece que los policías que, durante una intervención realizada en cumplimiento de sus funciones, utilicen sus armas o medios de defensa de manera considerada reglamentaria y causen lesiones o la muerte de una persona no podrán ser sometidos a detención preliminar ni a prisión preventiva mientras son investigados.

En otras palabras, si un efectivo policial es denunciado por hechos ocurridos durante una operación o intervención, fiscales y jueces ya no podrán ordenar estas medidas de privación de libertad antes de que exista una sentencia.

Lo que todavía queda en el tintero

Pero incluso frente a los delitos cometidos y la represión ejercida, el fujimorismo ha mostrado acciones orientadas a proteger a los hombres de armas. En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos permanece el Proyecto de Ley 13084, con firmas de Rosangella Barbarán, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga y Fernando Rospigliosi, entre otros miembros de la bancada naranja. La iniciativa busca eximir de responsabilidades penales a los miembros de las FF. AA. o de la PNP que hayan causado lesiones o muertes de ciudadanos, siempre que se pruebe que actuaban en funciones.

La figura también incorpora un pedido de negacionismo respecto de la memoria. Como disposición transitoria, el proyecto plantea que, de aprobarse la ley, esta se aplique también a los miembros de las fuerzas del orden investigados por las muertes ocurridas durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023.

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Pero no todos los proyectos de ley apuntan a blindar a la Policía. Algunos también buscan establecer nuevas vías de criminalización contra manifestantes. Elizabeth Medina (Somos Perú) presentó una iniciativa para que quienes utilicen prendas destinadas a cubrir su rostro durante movilizaciones ciudadanas puedan enfrentar penas no menores de ocho años ni mayores de 10.

Al igual que el otro proyecto, esta iniciativa también permanece en la Comisión de Justicia y podría formar parte de una aprobación exprés antes del cierre de la legislatura.

Hombres y discursos

Con el marco legal a su favor, faltan las dirigencias políticas. El fujimorismo cuenta con perfiles que podrían ocupar espacios clave en un eventual gobierno y profundizar la línea de mano dura a nivel nacional.

Desde su ingreso al Congreso como accesitario del fallecido Hernando Guerra-García, Fernando Rospigliosi se ha erigido como una de las figuras con un discurso y accionar más radicales dentro de Fuerza Popular. El congresista ha respaldado más de una iniciativa en favor del fortalecimiento de la represión policial y ha brindado declaraciones que alimentan ese discurso de mano dura.

“Lo que hay no son investigaciones (contra la Policía), es una persecución política”, afirmó Rospigliosi hace unos meses para defender el proyecto de ley de su autoría que eximía de responsabilidades a policías involucrados en las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. El militante fujimorista ha sido mencionado como una de las personas que podría asumir el Ministerio del Interior en un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

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Pero también existen otros perfiles vinculados a la seguridad ciudadana cercanos al fujimorismo que podrían convertirse en representantes de una política de mano dura y represión. Marco Miyashiro, electo senador por Lima, es considerado uno de los cuadros técnicos en seguridad del partido naranja. Recientemente, el virtual congresista calificó como un “subtítulo mal aplicado” la denominación de “leyes procrimen” para las iniciativas aprobadas por el Congreso y cuestionadas por organismos nacionales.

Fuera de la cúpula fujimorista, los perfiles provenientes de las fuerzas del orden cobran tanta relevancia como los dirigentes políticos. En la PNP, Óscar Arriola se mantendrá en el cargo de jefe policial al menos hasta 2027, siempre que cuente con el respaldo del nuevo gobierno. Como máxima autoridad de la institución, Arriola ya enfrentó el escenario de protestas contra el gobierno de José Jerí, que dejó como resultado el asesinato de Mauricio Ruiz Sanz —conocido como “Trvko”—.

En el plano discursivo y programático, Fuerza Popular ha mantenido la “mano dura” como un pilar de su identidad política. Propia de las derechas neoconservadoras, la agrupación naranja apela al punitivismo como una herramienta para construir un discurso favorable entre sectores del electorado. En su plan de gobierno —titulado 'Perú con Orden'—, Fuerza Popular reivindica explícitamente la “firmeza” y las “medidas excepcionales” adoptadas durante la dictadura de Alberto Fujimori en los años noventa.

Similitudes con el régimen fujimorista de los noventa

En conversación con La República, el sociólogo Pavel Aguilar dio sus impresiones sobre lo que podría ocurrir ante un eventual gobierno fujimorista. Aguilar señaló que las recientes acciones emprendidas por la agrupación naranja son propias de un autoritarismo en ciernes.

Para el sociólogo, este escenario guarda similitudes con la dictadura de la década de 1990, encabezada por el padre de la lideresa fujimorista, Alberto Fujimori. El académico resaltó que se trató de un periodo marcado por la impunidad, que dejó graves consecuencias políticas y sociales para el país.

“Hay similitudes: la captura de la mayoría de las instituciones por el fujimorismo, un entorno mediático mayoritariamente orientado hacia las opciones electorales de ultraderecha —como hemos atestiguado en estas últimas elecciones— y un Congreso activamente integrado a la coalición autoritaria que ha gobernado tras la caída de Pedro Castillo me permiten asegurar que los años noventa regresaron hace ya bastante tiempo, y no con el triunfo de la señora Fujimori. En ese sentido, creo que este último episodio constituye más bien una confirmación que un impasse, sin descartar, por supuesto, una profundización del autoritarismo”, indicó.

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Aguilar sostuvo que el discurso de la mano dura no es el único recurso narrativo que utiliza el fujimorismo en su búsqueda por capturar el poder. Según su análisis, las amenazas instaladas en determinados sectores de la sociedad han tenido el peso suficiente para debilitar considerablemente a las alternativas políticas distintas al fujimorismo.

“Siendo honestos, ella no es la única candidata que ha traído a la contienda este poco disimulado gusto por la bota y el toque de queda; el candidato de Renovación Popular e incluso Carlos Álvarez fueron más allá al proponer escenarios mucho más grises. La victoria de la candidata Fujimori se explicaría más, en mi opinión, por el temor a un modelo ‘socialista’ —sea lo que sea que esto signifique en el imaginario de las derechas— que por las inexistentes grandes propuestas o el carisma de la hoy virtual presidenta”, apuntó.