Roberto Sánchez sobre los 'yapeos' a Juntos por el Perú: "Nosotros no hicimos cócteles"

Durante su más reciente conferencia de prensa, Roberto Sánchez se refirió a los aportes recibidos de simpatizantes de su partido para cubrir los gastos derivados de los pedidos de nulidad presentados para mesas de sufragio en Lima y el extranjero. Al respecto, aseguró que recibe con agrado ese respaldo ciudadano y lanzó una indirecta a su rival política, Keiko Fujimori.

"Me han mostrado toda la relación. Todo está siendo trasladado a la oficina de fiscalización. Nosotros no hemos hecho cócteles, no hay un banco que nos haya dado una maleta con dinero sacado del sistema financiero. (...) Ahí están las listas del pueblo cotidiano", indicó.

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Sánchez estuvo acompañado por buena parte de su equipo legal. El candidato afirmó que los abogados de Juntos por el Perú han identificado jurisprudencia que permitiría sustentar sus pedidos de nulidad ante las autoridades electorales.

"Una tasa administrativa no puede impedir el ejercicio de un derecho constitucional", señaló Sánchez para defender su posición.

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Los pedidos de nulidad de Juntos por el Perú

Juntos por el Perú desplegó una amplia estrategia legal para cuestionar los resultados de la segunda vuelta. La agrupación liderada por Roberto Sánchez presentó una serie de recursos para solicitar la nulidad de mesas en el extranjero y en Lima, territorios donde el fujimorismo obtuvo una importante votación.

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El frente más relevante se concentra en Lima Metropolitana. Juntos por el Perú sostiene que existen presuntas irregularidades en 1.751 mesas de sufragio distribuidas en 225 locales de votación y 36 distritos de la capital. La organización identificó 584 casos con patrones de resultados idénticos entre distintas mesas, una situación que considera estadísticamente improbable y que, a su juicio, amerita una revisión de las autoridades electorales.

De manera paralela, también presentó recursos para solicitar la nulidad de 647 mesas instaladas en Estados Unidos. En este caso, cuestiona presuntas irregularidades relacionadas con funcionarios consulares, miembros de mesa y el traslado del material electoral.