Puntos ciegos del mensaje presidencial: la deuda social sigue pendiente, por Javier Herrera

A cada cambio de gobierno, el mensaje presidencial suele comenzar igual: “recibimos el país en un estado calamitoso”. Exagerar el diagnóstico tiene una ventaja política: cualquier mejora posterior, por modesta que sea, puede presentarse como un gran logro. Pero tampoco hay garantías. Como cándidamente dijo un antiguo dictador: “recibimos el país al borde del abismo y, desde mi llegada, hemos dado un gran paso hacia adelante”.

El bienestar de los hogares no depende solo del crecimiento económico ni del supuesto chorreo, que en la última década ha sido más bien un goteo. También depende del acceso efectivo a servicios públicos de calidad —agua, saneamiento, electricidad, salud, educación y seguridad— que el Estado debe garantizar sin importar el lugar donde nació o vive cada peruano. Nacer en una comunidad rural o en una ciudad del interior no debería significar menos oportunidades para una vida mejor.

En las últimas dos décadas hubo avances importantes en cobertura de agua, desagüe, electricidad, educación y aseguramiento en salud. Sin embargo, el malestar ciudadano persiste porque, en muchos casos, esos accesos son incompletos o de mala calidad y todavía no llegan a todos.

Agua: cobertura no significa servicio

El agua es el recurso más esencial. Pero no basta estar conectado a la red pública; la calidad del servicio importa. De poco o nada sirve que la vivienda esté conectada a la red pública de agua si no se dispone de ese servicio todos los días y cuando hay, solo llega algunas horas al día y para colmo el agua no es apta al consumo pues contiene bacterias nocivas para la salud al no haber sido tratada (con cloro).

Según el censo 2025, una de cada cinco viviendas no está conectada a la red pública. La situación es crítica en el área rural, donde el 42,1% carece de conexión, y también en las ciudades fuera de Lima, donde la cifra alcanza el 17,8%. Uno de cada diez no dispone de agua todos los días y uno de cada cinco no la tiene las 24 horas.

Según la ENAHO 2025, seis de cada diez hogares (61,9%) consumen agua no segura porque no recibió un tratamiento adecuado. No beber agua segura es exponerse a enfermedades gastrointestinales que afectan más a los más vulnerables (niños, adultos mayores). En las zonas rurales la situación es dramática: casi toda la población rural (96,5%) bebe agua no segura mientras que ese es el caso de un poco más de la mitad (54,2%) de los urbanos. Comparada la situación de 2025 con la del año 2017, se constata que la situación solo mejoró en la capital (de un tercio de la población sin agua segura se bajó a un cuarto) y empeoró en el resto de ciudades (de 69,9% a 73,9%) y se mantuvo en un nivel muy elevado en el área rural (más del 95%).

La basura también refleja desigualdad

El Censo 2025 muestra que en el 36,3% de los hogares la municipalidad no recoge los residuos sólidos. Las familias terminan quemándolos, enterrándolos o arrojándolos al ambiente, con consecuencias negativas para la salud pública y el medio ambiente que se propagan a la comunidad entera, más allá de los hogares residentes en la zona.

La raíz del problema es institucional. El recojo de basura depende de los recursos de cada municipalidad. Los distritos más pobres disponen de menores ingresos y, por tanto, ofrecen peores servicios. El problema es más agudo en el área rural: en dos tercios de los casos la basura se quema, se entierra o se arroja al campo e incluso sirve para la alimentación animal en un 13,7% de casos. Mantener este servicio exclusivamente bajo responsabilidad de cada municipio reproduce desigualdades territoriales que terminan afectando a toda la población.

Seguridad: combatir un delito que no aparece en las estadísticas

Los estados de emergencia y la participación de las fuerzas armadas a cargo del orden público son estrategias ya probadas con reiterado y previsible fracaso. Se requiere entender las dinámicas territoriales de una delincuencia que responde a los operativos policiales. Concentrar recursos en una zona desprotege otras hacia donde los delincuentes desplazan.

Además, la planificación se basa en denuncias que reflejan solo una pequeña parte del problema. La Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) estima que alrededor del 85% de los delitos no se denuncian. Es decir, las autoridades diseñan sus estrategias sobre un mapa incompleto del crimen. Actualizar las encuestas de victimización e incorporar herramientas de análisis espacial permitiría orientar mejor los esfuerzos de prevención.

Programas sociales en piloto automático

El mensaje presidencial presentó cifras que reflejan un crecimiento con profundas brechas sociales, pero las propuestas no parecen responder a esa complejidad. En materia de programas sociales predomina la continuidad, cuando la pobreza ha cambiado de rostro: hoy es mayoritariamente urbana y existe además un amplio grupo de hogares vulnerables que puede volver rápidamente a la pobreza frente a cualquier choque económico o sanitario.

Ello exige rediseñar los programas sociales, incorporar nuevos instrumentos de focalización y fortalecer las capacidades del Estado, promover la meritocracia mediante equipos técnicos estables, desarrollar nuevos instrumentos de monitoreo y una gestión basada en evidencia.

El incremento de Pensión 65 era necesario, pero ampliar su cobertura resulta aún más urgente. Limitar el debate a las transferencias monetarias significa postergar la indispensable reforma previsional en un país que envejece y mantiene elevados niveles de informalidad. Un ingreso mínimo para la población adulta mayor más vulnerable merece ser considerado, pero requiere un registro social actualizado y una capacidad efectiva para identificar y atender oportunamente a sus beneficiarios.

Cerrar las brechas en los servicios básicos exige mejorar la ejecución de la inversión pública, destrabar obras paralizadas, fortalecer las contrataciones del Estado y reducir los espacios para la corrupción. Otros desafíos —como reducir la anemia, mejorar los aprendizajes, promover el empleo juvenil o disminuir la informalidad— son objetivos más complejos que requieren un enfoque verdaderamente multisectorial y adaptado a cada etapa de la vida, porque responden a múltiples causas que interactúan entre sí. Por ejemplo, en la infancia, problemas como la anemia, la desnutrición y el bajo rendimiento escolar son el resultado de múltiples factores interrelacionados —agua insegura, alimentación, salud, vivienda y calidad educativa—, por lo que solo pueden enfrentarse mediante una acción coordinada entre distintos sectores del Estado.

Todas estas políticas demandan recursos. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿de dónde saldrán si el Perú tiene una de las presiones tributarias más bajas entre los países de ingreso similar? La sostenibilidad fiscal no será compatible con el cierre de brechas si no se amplía el espacio fiscal. Las alternativas son conocidas: mayor formalización, reducción de la evasión, eliminación de exoneraciones injustificadas, revisión de la tributación sobre rentas extraordinarias y, cuando corresponda, un uso prudente del endeudamiento.

Cerrar brechas no es un gasto. Es saldar una deuda social y realizar la inversión más rentable para el desarrollo futuro del país.