Congreso y JNJ persiguen a los jueces que rechazan las leyes pro crimen

El Congreso de la República, bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi, y la Junta Nacional de Justicia, dirigida por la excongresista de Podemos María Teresa Cabrera, están decididos a “barrer” de la magistratura a todos los jueces que se oponen a las leyes procrimen y de impunidad promovidas por el pacto que controla el Ejecutivo y el Legislativo.

Así, el lunes 8 de junio, a propuesta de Cabrera, el pleno de la JNJ acordó, por mayoría y con el voto dirimente de su vicepresidente Víctor Hugo Chanduví, suspender por seis meses al juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho. La decisión todavía no ha sido notificada, pero generará el apartamiento del magistrado de la Corte Penal Nacional, que ve casos de trascendencia nacional sobre corrupción en el Estado, crimen organizado y violaciones de derechos humanos.

Al juez Concepción Carhuancho se le atribuye haber utilizado una imagen del procesado Nicanor Boluarte en un evento académico, en una institución educativa no universitaria, sobre la prisión preventiva. Además, se le cuestiona por cantar “Triciclo Perú”. Días antes, la JNJ confirmó la no ratificación como fiscal provincial de Lima del abogado José Domingo Pérez, que de esta manera queda definitivamente fuera del Ministerio Público.

En este contexto, se conoció que, a fines de mayo último, la Junta Nacional de Justicia acordó y notificó el inicio de una investigación disciplinaria de destitución contra el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz. La investigación se inicia a pedido expreso y directo del presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y del congresista de Renovación Popular y exalmirante de la Marina Jorge Montoya, luego de que el juez se negara a aplicar las leyes de prescripción de delitos contra la humanidad.

Leyes procrimen y de impunidad

Concepción Carhuancho y Chávez Tamariz se han negado a aplicar la Ley 32107 por contravenir el derecho convencional, al pretender establecer en el Perú la prescripción de los delitos contra los derechos humanos, en contra de los tratados internacionales.
El juez Richard Concepción lo hace aplicando control difuso: La ley número 32107 es contrario al derecho convencional, concretamente, es contraria a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, que ha establecido que los delitos de lesa humanidad no importan la fecha de su comisión, pudiendo incluso tratarse de delitos anteriores a la entrada en vigencia de dicha Convención. Igualmente, es contrario al Estatuto de Roma, según el cual los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles”.

En tanto, Chávez Tamariz ha dicho que “el derecho de amnistía (perdón de los delitos) dispuesto por el parlamento y promulgado por la presidenta (Dina Boluarte), es anticonvencional y no supera a otros derechos enfrentados como el derecho a la verdad, resuelto por la Corte IDH en el caso Barrios Altos v. Perú del 2001, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del artículo 139, inciso 3 de la y del artículo 44 de la Constitución Política que impone al Estado los deberes como garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, aunado al ejercicio de la persecución penal que le es competente en monopolio al Ministerio Público”.

Chávez Tamariz también se ha opuesto a otras leyes procrimen aprobadas en el Parlamento. “Los jueces no somos meros aplicadores de ley, sino conforme al mandato constitucional” debemos interpretarla para administrar justicia, al advertir que la ley puede ser manipulada. “Una ley que es injusta no es ley y debe ser inaplicada”, ha dicho para inaplicar dichas normas en casos concretos vinculados a líderes políticos.

Esto los ha puesto en la mira del poder político, en especial del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que presiona para “barrer” de la magistratura a los jueces que se enfrentan al poder y sus leyes. Rospigliosi se ha involucrado directamente en el proceso disciplinario contra el juez Chávez Tamariz. Este magistrado es también víctima de un intento de destruir su imagen con publicaciones que no se ajustan a la verdad sobre su vida familiar, de acuerdo con fuentes judiciales. Se trata de una práctica que recuerda las campañas de demolición del régimen fujimorista de los años 90, a través de los diarios chicha.

Denuncias desde el poder político

La resolución que comunica el inicio de la investigación disciplinaria contra el juez Chávez Tamariz informa que este proceso se inicia ante las denuncias presentadas por el congresista Jorge Montoya y el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi. Un proceso disciplinario debe investigar un acto realizado por el magistrado en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, en este caso se cuestiona el contenido de las resoluciones judiciales, lo que no corresponde a un proceso disciplinario, sino a una apelación en el juicio penal.

Lo que supone que, en el fondo, la Junta Nacional de Justicia pretende que los jueces resuelvan en un solo sentido: el que establece el Congreso, sin importar los tratados y la jurisprudencia internacional reconocidos por la Constitución de 1993 y diversas convenciones suscritas por el Perú. Además, eso es justamente lo que hace la mayoría de la Junta. Al decidir investigar a Chávez, recoge con exactitud el criterio interpretativo de Montoya y Rospigliosi. Ambos dicen, y eso acoge la Junta, que el juez habría cometido una falta grave al apartarse de lo resuelto por el Tribunal Constitucional.

Además, el almirante Montoya subraya que el magistrado comete falta grave al utilizar analogías y equiparar los hechos que está analizando con los juicios de Núremberg y hacer referencia al proceso contra el criminal de guerra Adolf Eichmann, lo que supuestamente agraviaría a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es de advertir que los jueces no juzgan a una determinada institución, como pueden ser las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los magistrados resuelven sobre conductas de ciudadanos específicos.

Así, al decidir investigar al mencionado juez de investigación preparatoria, lo que se va a evaluar no es su conducta, sino sus razonamientos y argumentos en una resolución judicial por el simple hecho de que al Congreso o a quienes controlan el Parlamento no les parecen correctos, consideran en el Poder Judicial.

Ofensiva jurídica y el caso Lava Jato

En medio de esta persecución contra los jueces, que incluye la no ratificación del juez Oswaldo Ordoñez y del fiscal José Domingo Pérez y la destitución de la fiscal de la Nación Delia Espinoza, se registran nuevos acuerdos tomados en el Parlamento que generan conflictos adicionales con la magistratura. El último viernes, el pleno del Congreso aprobó una norma que pretende trasladar al fuero privativo militar todos los delitos cometidos por policías y militares, incluso en contra de las mismas leyes del servicio militar que ya habían zanjado en el 2006 que los delitos comunes son de jurisdicción del Poder Judicial.

De esta manera, los nueve policías de la Comisaría de Vitarte que habían constituido una red para pedir coimas a transportistas de la Carretera Central, a quienes proponían beneficiarlos no imponiéndoles papeletas de tránsito a cambio de fuertes sumas de dinero, pasarían a ser juzgados por el fuero militar, pues cometieron este delito utilizando sus uniformes y durante el servicio policial.

Lo mismo pasará con los ocho miembros de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N.° 31 del Ejército, que participaron en un operativo que concluyó con el asesinato de cinco jóvenes que se desplazaban en un vehículo en la zona de Colcabamba (Tayacaja, Huancavelica), el 25 de abril.

Para rematar, el pleno del Congreso aprobó con 80 votos el informe de la Comisión Investigadora del caso Odebrecht, que concluye acusando a los exfiscales de la Nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, a los fiscales del caso Lava Jato Rafael Vela y José Domingo Pérez, a los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, y al periodista Gustavo Gorriti de haber favorecido a la empresa brasileña en el acuerdo de colaboración eficaz.