“La ley de interceptación telefónica ata de pies y manos a la Policía”

Las leyes que aprobó el Congreso supuestamente para mejorar la lucha contra el crimen tienen hasta el momento el efecto contrario. Recientes cifras basadas en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) indican que durante el régimen de Dina Boluarte el promedio de homicidios fue de 5,25 por día, en el mandato de José Jerí llegó a 5,7 y en lo que va de la presidencia de José María Balcázar ha llegado a 6 cada 24 horas. Por eso dichas normas son denominadas “leyes procrimen”.

El coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, quien vive el día a día del combate a las bandas estructuradas, constata en carne propia que las llamadas “leyes procrimen” representan un obstáculo para el Ministerio Público y la Policía Nacional. Chávez considera que estas normas deben ser revisadas en el más breve plazo; de lo contrario, la guerra contra el crimen organizado será una causa perdida.

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“El problema del incremento de la criminalidad, está en la operatividad del sistema de administración de justicia. Respecto a las denominadas ‘leyes procrimen’ dadas por el Congreso, siempre he dicho que debe haber una comisión para hacer una revisión de todas las normas que se han dado en los últimos tres a cuatro años. Estas normas ‘procrimen’ necesitan un reajuste”, explicó el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina.

Chávez mencionó el caso de la Ley 32130, que modificó el plazo de la intervención de las comunicaciones por 60 días, que solo puede ampliarse por 60 días más, y de manera excepcional. El periodo autorizado es muy ajustado, no sirve en la práctica, especialmente cuando se trata de organizaciones criminales complejas.

“Esta norma ata de pies y manos a la Policía para su trabajo de inteligencia y al fiscal también. Esa norma de los plazos tiene que ser definitivamente modificada o derogada, de lo contrario no podemos trabajar de esa forma. Es imposible investigar a una organización de extorsionadores, de trata de personas o del narcotráfico en un plazo de cuatro meses. La experiencia nos indica que por lo menos son necesarios ocho meses de escuchas telefónicas para identificar a los líderes, a los integrantes de la organización y las funciones que cumplen y las conexiones que tienen”, detalló el fiscal superior Jorge Chávez.

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Los expedientes congelados

“No es posible combatir al crimen organizado con una limitada interceptación telefónica”, subrayó.

Las limitaciones impuestas a la fiscalía y a la policía para interceptar los teléfonos de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión explicarían por qué las muertes relacionadas con este delito se incrementan paulatinamente desde el periodo en que se aprobaron las “leyes procrimen”.

Pero también contribuye a esta situación de ineficiencia la carencia de recursos para contar con tecnología y especialistas para extraer la información de los teléfonos. Está comprobado que los datos contenidos en dichos equipos son claves para las investigaciones. Sin embargo, el fiscal Jorge Chávez Cotrina manifestó que virtualmente 8 de cada 10 indagaciones fiscales se encuentran congeladas porque la policía no cuenta con las herramientas tecnológicas y la fiscalía tampoco está provista de una cantidad adecuada de peritos.

“El 80 % de las investigaciones que están en etapa preparatoria por crimen organizado se encuentra pendiente por falta de peritos. Cuando uno investiga una organización criminal, tiene que usar la tecnología. Las organizaciones criminales en los delitos de sicariato y extorsión, por ejemplo, normalmente utilizan los teléfonos celulares para enviar mensajes extorsivos. Y cuando son capturados a estos delincuentes normalmente se les incauta de 20 a 30 teléfonos. Esos teléfonos tienen información y para extraerla se necesita un software especializado conocido como Cellebrite, además de peritos en la materia. Y no tenemos. En la Fiscalía solo hay tres peritos, pero estos tienen un sin número de requerimientos de todo el país. Es decir, miles y miles de celulares”, indicó Chávez.

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El caso de “El Zurdo”

Como consecuencia, los peritajes de los celulares incautados se ha centralizado en Lima, y los informes tardan en entregarse entre ocho meses y un año, con suerte, ralentizando las investigaciones y alargando la acción de la justicia. Para el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado la solución es que cada uno de los 24 departamentos del país cuente con un laboratorio de criminalística provisto de equipos tecnológicos y peritos.

“Estamos en 2026 y estamos trabajando como si estuviéramos en 1950. Debemos descentralizar la investigación criminal”, apuntó Chávez.

El siguiente caso grafica la situación.

El 12 de marzo de este año, la Policía de Trujillo anunció la detención de Steven Minchola Rosario, conocido como “El Zurdo”, a quien se le atribuye ser uno de los líderes de la organización criminal “Los Pulpos”. “El Zurdo” es señalado como el autor de varios secuestros y homicidios y de haber lanzado una granada a una discoteca que se negaba pagar el “cupo”. Cuando la policía lo entregó a la fiscalía, no aportó pruebas de los delitos que presuntamente cometió “El Zurdo”.

“Cuando la Policía pasó a ‘El Zurdo’ a la fiscalía, no había un solo documento, una sola evidencia de su vinculación con los supuestos asesinatos y mucho menos ni una sola prueba de su vinculación con ‘Los Pulpos’. La Policía pasó detenido a ‘El Zurdo’ por el delito de flagrancia por tenencia ilegal de armas. Otra cosa es una narrativa para la prensa y la otra cosa es lo que está en el Poder Judicial. En ese caso la Policía nunca comunicó a la Fiscalía de Crimen Organizado, sino lo derivó a la Fiscalía de Flagrancia, pese que en Trujillo contamos con tres fiscalías especializadas”, relató el fiscal Jorge Chávez.

“Necesitamos una Policía más profesional, más estructurada, con logística y presupuesto. Si le dan una función, también le deben entregar las herramientas para hacerlo”, resaltó.

Lo más probable es que si no se modifican o derogan las “leyes procrimen” que reducen la eficacia de fiscales y policías, y no se les provee de tecnología y peritos, la tasa de crímenes continuará disparándose.

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Una comparación con Bukele

• Para 2026, el Ministerio Público requirió un presupuesto de S/15 mil millones, pero el Ejecutivo le entregó menos de S/3 mil millones. Ni la quinta parte de lo solicitado, por lo que el Fiscal de la Nación ha solicitado un crédito adicional de S/677 millones para cubrir los gastos básicos.
• “Muchos hablan del Plan Bukele de El Salvador. ¿Por qué creen que el plan Bukele da resultado? Porque antes de dar leyes, el gobierno fortaleció la fiscalía, la Policía de Inteligencia y el Poder Judicial. Y luego construyeron sus cárceles”, dijo Jorge Chávez.
• “Es decir, construyeron una estructura, después dieron las normas. Pero en el Perú, empezamos al revés. Damos normas y después dicen que no hay plata para que las ejecuten”, añadió.