Política

Poder Judicial ordena al congresista Alejandro Soto pagar alrededor de S/ 400.000 por caso de estafa

Fallo emitido en primera instancia por el Tercer Juzgado Unipersonal de Cusco, deriva de un proceso civil iniciado tras la prescripción de un caso penal del 2023.

Ley Soto benefició a congresista para librarse de sentencia penal. Foto: composición LR.
Ley Soto benefició a congresista para librarse de sentencia penal. Foto: composición LR.
  • El congresista Alejandro Soto fue declarado responsable por estafa y deberá pagar S/ 400.000.
  • La jueza determinó que cobró por servicios no prestados y vendió un terreno a un precio inflado.
  • El proceso penal prescribió por la Ley Soto, pero la vía civil sigue activa.

La inteligencia artificial resume el contenido para facilitar su comprensión, pero puede no reflejar todos los matices del texto original. Recomendamos leer la versión completa.

El congresista de Alianza Para el Progreso, Alejandro Soto Reyes, fue declarado responsable civil por el Tercer Juzgado Unipersonal de Cusco y deberá pagar aproximadamente S/ 400.000 a la empresa Transportes Wayna Picchu S.A., en el marco de un proceso por estafa.

La jueza Marleny Olivares Tapia determinó que Soto Reyes cobró por la elaboración del estatuto de la empresa S/ 11.000, servicio profesional que nunca prestó, por lo que tendrá que pagar S/ 20.000 soles de reparación civil. Además, como asesor legal vendió a Transportes Wayna Picchu S.A. un terreno ubicado en la comunidad de Ayarmaca Pumamarca por 265.000 dólares, pese a haberlo adquirido meses antes por apenas 5.000 dólares.

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Por este hecho, el parlamentario deberá pagar, de forma solidaria con Mario Sequeiros Fajardo, entonces gerente de la empresa, la suma de 215.000 dólares. Ello implica que Alejando Soto deba asumir cerca de S/ 400.000.

Congresista se salvó de sanción penal por Ley Soto

Vale recordar que el proceso penal por el delito de estafa fue declarado prescrito en 2023 tras la aplicación de la Ley 31751, norma aprobada por el propio Soto Reyes junto a otros legisladores, que redujo los plazos de prescripción de procesos judiciales. La norma fue conocida popularmente como la Ley Soto.

Sin embargo, la vía civil para reclamar la reparación económica permaneció abierta, lo que permitió a la empresa afectada continuar con el proceso. La sentencia, al ser de primera instancia, puede ser apelada.

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