Corte Superior de Justicia de Amazonas aplica Ley APCI para dejar sin abogados a indígenas acusados por el Baguazo
Ahora, los tres investigados deberán nombrar en un plazo máximo de tres días a un nuevo abogado. De lo contrario, deberá asumir su patrocinio un defensor público.
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La Corte Superior de Justicia de Amazonas, por medio de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua, excluyó a tres abogados de indígenas investigados por el caso Baguazo. La razón de esta decisión fue que los letrados indicaron que están vinculados a organizaciones de cooperación internacional, hecho prohibido por la ley APCI recientemente modificada por el Congreso.
De esta forma, los tres procesados quedaron desprotegidos temporalmente ante la ley, algo que ya se había alertado respecto a la norma que fiscaliza y somete a las ONG.
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Según el acta publicada por Epicentro, se trata de los patrocinados de los abogados Segundo Herrera Mejía, Gery Vásquez Cucho y Juan José Quispe Capacyachi, quienes apelando a la trasparencia señalaron ante el colegiado que están vinculados a organizaciones de cooperación internacional.
Ante ello, la Sala otorgó un plazo de tres días a los procesados para que puedan nombrar un abogado de su libre elección. En caso ello no suceda, serán abogados públicos de la Defensoría Pública de Amazonas los que ejercerán la defensa.
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Amnistía Internacional había alertado sobre riesgos de ley APCI
Esto ya había sido alertado por Amnistía Internacional en su informe anual (2024-2025).
Respecto a la ley que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), promulgada el último 14 de abril, la organización indicó que se trata de una norma que "atenta contra la libertad de expresión, la libertad de asociación y el acceso a la justicia de cientos de víctimas en Perú".
Esto debido a que establece como falta muy grave accionar contra el Estado en las vías administrativas y judicial, lo cual impide que las asociaciones ejerzan la representación legal de las personas y comunidades víctimas de casos de violaciones de derechos humanos, actos de corrupción, entre otros.
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En tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos“Las ONG vienen siendo fiscalizadas, auditadas. La plataforma de APCI es accesible a los ciudadanos, uno puede entrar y verificar qué proyecto se está subvencionando y en cuánto tiempo se ejecuta, cuánto de financiamiento viene recibiendo... todo eso es información pública. Aquí se ha consolidado un intento de desvanecer y eliminar a las organizaciones de DDHH”, declaró la secretaria ejecutiva, Tania Pariona.
Lo más preocupante, en opinión de los expertos, es que al limitar o proscribir el trabajo de las ONGs los principales perjudicados terminan siendo las víctimas de violaciones a los derechos humanos y las poblaciones vulnerables que no tendrán recursos ni apoyo para acceder a la justicia. El Colegio de Abogados y las organizaciones sociales recurrirán al TC en busca de que se declare inconstitucional dicha Ley.
