Trenes de Rafael López Aliaga iban a ser destruidos en EE.UU. por contaminar el medio ambiente
La embajada de Perú en EE.UU. habría intervenido ante las autoridades ambientales de California para modificar un acuerdo que obligaba a destruir las locomotoras por ser altamente contaminantes. Así se permitió su envío a Lima para el proyecto del alcalde Rafael López Aliaga.
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Los trenes del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, iban a ser destruidos en Estados Unidos por considerarlos contaminantes para el medio ambiente. Según informó el portal La Encerrona, en 2024, la empresa Caltrain, operadora del sistema ferroviario de la Bahía de San Francisco, retiró 20 locomotoras de su flota por haber llegado al final de su vida útil. La decisión fue parte de un proceso de modernización financiado con fondos públicos del programa ambiental Carl Moyer. Uno de los requisitos para ingresar a dicho programa era claro: los trenes retirados debían ser destruidos.
Caltrain había recibido 20 millones de dólares con la condición de deshacerse de sus trenes contaminantes. Este compromiso fue reiterado en al menos cuatro documentos oficiales. Hasta septiembre del 2024, la empresa todavía estaba obligada a eliminar las locomotoras, por ser parte de un plan para reducir emisiones en el estado de California.
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Sin embargo, esas mismas locomotoras terminaron en Lima. ¿Qué ocurrió? Según reveló La Encerrona, la embajada de Estados Unidos en Perú gestionó un cambio en el acuerdo ambiental. A través del Departamento de Estado y el Departamento de Comercio, se promovió una modificación que permitiera la transferencia de los trenes al Perú.
Las gestiones diplomáticas incluyeron una reunión virtual entre Caltrain, la entidad reguladora del aire en California y funcionarios del Gobierno de EE.UU. El 6 de noviembre de 2024, se aprobó una adenda al contrato, lo que permitió que las locomotoras fueran enviadas a Lima en lugar de ser destruidas.
EE.UU. modificó acuerdo ambiental para enviar trenes a Lima
El programa Carl Moyer, al que se acogió Caltrain desde 2015, tenía como objetivo sacar de circulación las locomotoras "altamente contaminantes". A cambio de recibir el financiamiento público, las empresas beneficiarias se comprometían a desmantelar sus unidades antiguas. Los trenes retirados en 2024 cumplían todos los criterios para su destrucción.
La supervisora del aire en California confirmó que el Gobierno estadounidense intervino para que eso no ocurriera. Según un documento citado, los departamentos de Estado y Comercio se contactaron con Caltrain y propusieron que los trenes fueran enviados a Lima. La embajada en Perú presentó un informe con supuestos beneficios para la capital peruana.
La autoridad californiana terminó aprobando la adenda. Según explicó, lo hizo bajo nuevas normas estatales que priorizan infraestructura eléctrica, y tomando en cuenta el argumento de la embajada. Así se evitó la destrucción de las locomotoras, a pesar de que el requisito ambiental original se mantenía vigente.
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La operación contó con lobby diplomático y un cambio en la normativa ambiental
La decisión de modificar el contrato no fue técnica, sino política. Según La Encerrona, la embajada estadounidense hizo gestiones ante la autoridad supervisora del aire para permitir el envío de los trenes a Lima. Esta intervención diplomática incluyó la redacción de un informe donde se destacaban posibles beneficios ambientales en la capital peruana, aunque sin sustento técnico independiente.
En octubre de 2024 se realizó una reunión clave entre Caltrain, la entidad ambiental californiana y representantes del Departamento de Estado. Fue ahí donde se planteó formalmente cambiar el acuerdo mediante una adenda. A pesar de los antecedentes del programa Carl Moyer, la propuesta fue aceptada semanas después con base en una nueva interpretación de las normas ambientales.
La autoridad reguladora justificó su decisión bajo criterios más flexibles aplicados a proyectos de infraestructura eléctrica. No obstante, el cambio permitió que locomotoras consideradas chatarra en EE.UU. llegaran a Lima como una 'donación' funcional. Esta situación ha generado preocupación entre especialistas en transporte y medio ambiente, quienes advierten sobre el doble estándar en la exportación de tecnología obsoleta hacia países en desarrollo.
