Periodistas de La República son víctimas de la inseguridad: sufren asalto y PNP no hace nada
Los periodistas Alejandro Céspedes y Ariadna Yaya fueron víctimas de la creciente ola de inseguridad ciudadana en diferentes distritos de Lima. En ambos casos, la Policía Nacional mostró indiferencia y negligencia, pese a la gravedad de los hechos.
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Mientras que el Gobierno de Dina Boluarte repite discursos sobre 'mano dura' frente a la creciente ola de criminalidad que azota el país, en las calles reina la impunidad, dos periodistas de La República fueron asaltados en diferentes distritos de la ciudad en menos de una semana y, en ambos casos, la Policía Nacional del Perú (PNP) mostró una peligrosa combinación de negligencia, burocracia y desinterés. A pesar de la evidencia aportada y la gravedad de los hechos, que incluyen golpes, amenazas y extorsión, las autoridades no realizaron acciones inmediatas ni desplegaron operativos para dar con los delincuentes.
Estos casos no solo resaltan el evidente deterioro de la seguridad ciudadana, sino también el desamparo institucional en el que quedan las víctimas de la criminalidad. A metros de la comisaría y frente al personal de serenazgo, los periodistas Alejandro Céspedes y Ariadna Yaya fueron doblemente agredidos, primero por los delincuentes, luego por un sistema policial que no esconde que está más dispuesto a justificar su inacción que a proteger a los ciudadanos.
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Un asalto en el corazón de Miraflores
El periodista Alejandro Céspedes aún se recupera de los golpes y el susto. El pasado miércoles 14 de mayo, a solo 4 metros de la intersección de la avenida Petit Thouars con la calle Colina, en el distrito de Miraflores, fue víctima de un asalto por parte de delincuentes que lo interceptaron y lo golpearon para arrebatarle su teléfono.
Todo ocurrió a una cuadra y media de una caseta de seguridad ciudadana y a tres cuadras de la comisaría distrital. Céspedes relata que a una cuadra de la ruta de escape de los ladrones se encontraban 3 efectivos policiales y 7 trabajadores de serenazgo, quienes a pesar de ver que el periodista gritaba y corría detrás de los delincuentes, no hicieron nada. "Los hackers pueden hacer mucho y la PNP nada", menciona Alejandro Céspedes.
Extorsión y burocracia
A las 11 de la mañana, el editor presentó la denuncia. A las 4 de la tarde comenzó a recibir mensajes extorsivos. Los delincuentes amenazaban con difundir fotos y videos personales si no recibían un pago. Además, varios amigos y colegas del diario reportaron haber recibido mensajes de una persona que se hacía pasar por Céspedes solicitando préstamos de dinero, brindando un número de cuenta perteneciente a una persona ajena al círculo del periodista.
Céspedes se comunicó con el oficial a cargo para aportar esta información clave, incluyendo el paradero del celular que se ubicaba en Villa María del Triunfo, pero no obtuvo la respuesta que esperaba. El comisario le indicó que "todo tiene su proceso y este demora como 10 días".
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Frustrado, volvió a la dependencia. Ahí le indicaron que, si bien su denuncia estaba redactada, el oficial a cargo no la había registrado en el sistema para proceder con la oficialización de la pesquisa. Ante esto, Alejandro Céspedes permaneció en el lugar hasta asegurarse del registro de su denuncia.
A la acusación, el periodista agregó extorsión, informando al oficial que su familia y él venían siendo amenazados. Cuando los efectivos revisaron en el sistema el nombre del dueño de la cuenta bancaria a la que pedían depósitos, se percataron que la propietaria tenía 200 denuncias en su contra desde 2024.
"Es normal", respondió la Policía
El periodista afirma que un agente le restó importancia a las amenazas: "Me dijo: ‘Es normal'". Según Céspedes, las autoridades no coordinaron ni con la Policía Cibernética ni con la comisaría de Villa María del Triunfo, lugar donde, por rastreo de señal, podrían haberse ubicado los teléfonos.
"Parece que quisieran encubrir a una banda que conoce perfectamente los vacíos del sistema", comenta. Para colmo, los efectivos admitieron que las cámaras en la zona no leen placas vehiculares, lo que dificulta identificar la moto empleada. Un oficial le confesó que, de no haber insistido, la revisión de cámaras hubiera tardado entre ocho y diez días. Tampoco se había informado a la fiscalía.
Una redactora atacada en Comas
El caso de Céspedes no es aislado. La redactora Ariadna Yaya fue asaltada el viernes 9 de mayo alrededor de las 5:50 de la mañana, en el distrito de Comas, días antes del Día de la Madre. Yaya esperaba su carro en el paradero cerca a su domicilio para dirigirse a trabajar cuando le arrebataron sus pertenencias.
Mientras se recuperaba del susto, sus familiares dieron razón a sus contactos sobre el asalto que acababa de sufrir y solicitaron que no respondan mensajes ni llamadas de su número hasta solucionar el problema. Horas después llamó a su operadora para bloquear su chip y el equipo celular.
El día lunes 12 de mayo, la redactora más recuperada emocionalmente del impacto se acercó al banco para recuperar su tarjeta. "Como era un teléfono nuevo, no contaba con el aplicativo del banco instalado, ya que me había dispuesto realizar el trámite al día siguiente, es decir, el sábado".
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Convencida de que su caso sería uno más del montón, Yaya decidió no apersonarse a la comisaría de La Pascana, hasta que el día martes, impulsada por el apoyo de sus compañeros de redacción, se acercó al lugar sin mucha esperanza. Al llegar, el agente policial que la recibió registró su denuncia. Ariadna Yaya le indicó que había detectado que el celular se encontraba en la avenida Revolución, en Collique, frente a la sede de la CIE.
El policía solo mencionó que, si por cuenta propia lograba obtener una ubicación más reciente del equipo, se acerque nuevamente a la dependencia para acudir al lugar junto a una patrulla. Aunque desde un principio esperaba la pasividad y la inacción de los agentes frente a estos casos, quedó indignada.
No recibió apoyo inmediato ni se activó ningún tipo de protocolo para la búsqueda del teléfono que buscaba recuperar. La carga del seguimiento recayó enteramente sobre la víctima, evidenciando el incumplimiento del deber de la PNP.
A pesar de la gravedad de los casos y las denuncias presentadas, ni la comisaría de Miraflores ni la de Comas desplegaron operativos inmediatos. En el caso de Céspedes, un suboficial confesó que, de no haber insistido la víctima, la revisión de cámaras habría tardado «ocho o diez días».
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